El PP suspende de militancia a los concejales y asesores de Valencia... pero no a Rita Barberá
La suspensión se realiza de forma cautelar
- Además, Alfonso Novo ha renunciado como portavoz del PP en el Ayuntamiento
- Le sustituirá como portavoz Eusebio Monzó, el único concejal no imputado
- El PP dice que continuará tramitando el expediente informativo a los investigados
Actualizado : 19:52
El PP ha anunciado la suspensión cautelar de militancia de los concejales y asesores de Valencia que están siendo investigados. Ellos mismos habrían solicitado esta renuncia.
Alfonso Novo ha renunciado como portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Según informa la formación en un comunicado, "el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado la suspensión cautelar de militancia de los concejales y asesores investigados en la pieza separada A de las Diligencias Previas de 881/15 del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, a petición propia mediante un escrito presentado hoy (lunes)".
Además, Alfonso Novo ha renunciado como portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Según El Mundo, su sustituto a partir de este miércoles será Eusebio Monzó, el único concejal no imputado.
El mencionado comité "continuará tramitando el expediente informativo a todas las personas físicas investigadas o llamadas a declarar, incluidas las hoy suspendidas de militancia, relacionadas con los hechos investigados".
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SE QUEDARÁN COMO INDEPENDIENTES
Según información de la Cadena SER, los concejales imputados en Valencia han pactado con la dirección del partido quedarse con sus funciones en el Ayuntamiento como independientes, dentro del Grupo Popular.
A cambio, los nueve ediles imputados en la Operación Taula habrían aceptado la suspensión provisional de militancia en la formación.
AFECTA A 18 CONCEJALES, PERO NO A BARBERÁ
La suspensión de militancia es para los 18 concejales y asesores del PP en Valencia, en relación a las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 18 de la capital del Turia en relación al caso Taula.
Una medida que no afectará a Rita Barberá, exalcaldesa de la ciudad y actualmente senadora, que ha aceptado también declarar ante el juez por este caso, aunque ha rechazado dimitir y ha defendido su inocencia en las últimas semanas.
Barberá sí está entre las cinco decenas de militantes a los que el PP les abrió un expediente informativo hace dos semanas, junto a todo su equipo de concejales y asesores.
El vicesecretario de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, explicó que ese expediente informativo busca conocer "la verdad política de lo que ha sucedido" y ha añadido que por eso "afecta a los hechos concretos y a las personas que forman parte de ese procedimiento judicial", que son afiliados del PP. Así, ha avanzando que "en las próximas horas" el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández-Mañueco, convocará a ese órgano para abrir el citado expediente y nombrar a un instructor.
TODOS LOS CONCEJALES, IMPUTADOS POR LA CAJA B
El juez atribuye un papel fundamental a Alfonso Rus como responsable del diseño y funcionamiento de la red
El juzgado de instrucción número 18 que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al PP y que es conocida como la operación Taula en la provincia de Valencia citó el pasado 1 de febrero a nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia en calidad de imputados por lavar la supuesta caja B de Rita Barberá.
Serán investigados (ese es el término correcto tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) todos los miembros del ejecutivo valenciano por blanqueo de dinero para la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La fiscalía y el juez que investigan la Operación Taula, sobre la supuesta financiación irregular del PP en Valencia, atribuye un papel fundamental a Alfonso Rus como responsable del diseño y funcionamiento de la red. El que fuera Presidente de la Diputación de Valencia fue detenido el pasado martes por la Guardia Civil detuvo tras su presunta implicación en la operación Taula, un caso de amaño de adjudicaciones públicas durante más de una década para engrosar el patrimonio personal de los principales responsables del fraude y financiar también a la formación.
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