El Estado planea recurrir la ley del referéndum de Cataluña ante el TC con el Estatuto como base
La Abogacía del Estado prepara el texto aunque el Parlament aún no ha aprobado la ley
- También basará su recurso en preceptos de Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia
- Catalá insiste en que no va a haber ningún referéndum porque no cabe en la Constitución
Actualizado : 13:11
La maquinaria del Estado para frenar el referéndum independentista en Cataluña trabaja a pleno rendimiento. Con la ley con la que el Govern de Carles Puigdemont prevé llevar a cabo la votación prevista para el 1 de octubre aún pendiente de su aprobación por el Parlament de Catalunya, la Abogacía del Estado ya está preparando el texto con el que piensa recurrirla ante el Tribual Constitucional (TC). Se basarán en la Constitución y también en el Estatuto de Autonomía, según avanza 'El País'.
El texto del recurso también tendrá en cuenta varios preceptos de Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia contra consultas ilegales de autodeterminación
El texto del recurso también tendrá en cuenta varios preceptos de Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia contra consultas ilegales de autodeterminación, según avanza el medio. Por ejemplo, destaca que entre los principales puntos flacos sobre los que el Estado basará su recurso destacan que no prevea una participación mínima y que Junts pel Sí y la CUP quieran tirarla adelante por la vía rápida.
Además, los abogados del Estado aseguran que el régimen electoral propio que prevé la ley vulnera el propio Estatuto, y también cuestionan la Sindicatura Electoral. Asimismo avisan de que la elaboración de un censo propio por parte de la Generalitat se salta el derecho a la intimidad personal y la ley de Protección de Datos.
POLÉMICA POR EL CENSO
La legislación española señala que el censo electoral es uno y único en todo el país y que no cabe realizar otro distinto, como se anuncia en la ley de referéndum sobre la independencia de Cataluña presentada el pasado martes y que prevé la elaboración de un censo electoral por la Generalitat de Cataluña.
En cuanto a la cesión de los datos del padrón municipal, la normativa señala que pueden cederse a otra administración para que realice actividades que son de su competencia, lo que tampoco sería el caso si se pretende convocar un referéndum de secesión, según expertos consultados por la agencia Europa Press.
La ley presentada el pasado martes en Barcelona por la Generalitat recoge que es competencia del Gobierno catalán la elaboración del censo electoral para el uno de octubre, que será validado por la Sindicatura Electoral. Se añade que todas las "autoridades públicas" tienen el deber de colaborar con ese organismo.
Los expertos consultados señalan sin embargo la imposibilidad legal de crear un censo electoral distinto del que es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), porque el censo es uno y único. Así lo declaró ya en 1988 también el Tribunal Constitucional en sentencia contra una norma vasca de 983 que pretendía, precisamente, conceder al Gobierno vasco la competencia.
ARTÍCULO 155
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este lunes en Santander que "no va a haber ningún referéndum por la independencia porque eso no cabe en nuestra Constitución", y de que "no se va a aprobar ninguna ley" como la presentada la semana pasada "en un teatro", con una "declaración política que queda absolutamente al margen de todo nuestro sistema de derechos y de garantías".
Así, no ha aclarado si el Gobierno recurrirá al artículo 155 de la Constitución y ha comentado que el Ejecutivo "lo irá viendo conforme se vayan produciendo acontecimientos". "Estudiaremos las alternativas. El Estado de Derecho tiene todas las herramientas para garantizar que las leyes se cumplen y, por lo tanto, esa es la confianza que debemos tener todos los españoles", ha afirmado.
En declaraciones a la prensa después y en la inauguración dos encuentros sobre Justicia, economía y la presunción de inocencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha avisado de que si la Generalitat o el Parlamento de Cataluña pretende promover alguna actuación "contraria" a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional, "el Gobierno hará lo que tiene obligación de hacer, no es disponible, no es que podamos elegir hacer o no hacer".