El Estado aumenta la presión sobre 700 alcaldes para frenar el 1-O

La Fiscalía ha vuelto a mover ficha. Después de sus querellas contra el Govern y el Parlament, por el trámite de las leyes del referéndum y de ruptura, y del orden a los Mossos de que intervenga las urnas, se ha fijado en los alcaldes catalanes en su ofensiva para impedir el referéndum ilegal. Los más de 700 primeros ediles de los municipios que se han mostrado predispuestos a apoyar al Ejecutivo autonómico y facilitar el 1-O en sus localidades serán citados a declarar por el Ministerio Público.

Aunque las citaciones de los fiscales jefe de las cuatro provincias catalanas no han llegado a su destino, según informa Neus Lloveras, presidenta de la Associació de Municipis por la Indepèndencia (AMI), el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, citará a declarar a los alcaldes que han firmado los decretos de apoyo al referéndum, en respuesta a a la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió a los consistorios solicitando su colaboración. Además, ha dado instrucciones a los Mossos d’Esquadra de que detenga a aquellos que se nieguen a comparecer.

Los 30 alcaldes de la CUP "no comparecerán" ante las citaciones de Maza

Serán los 30 alcaldes e la CUP. La formación ya ha anunciado que "no comparecerán" y ha emplazado al resto de fuerzas políticas a "hacer lo mismo" al amparo de la Ley del referéndum, ha informado en un comunicado.

La CUP como tal gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos -el de Sabadell y Badalona-, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.

Ha reprochado que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto", no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenase sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad.

LA CARTA DE MAZA

Así las cosas, la carta de la Fiscalía General no acusa los alcaldes de ningún delito y se limita a reclamar que declaren como investigados por su “cooperación” en la organización del referéndum. Una petición masiva que -si se cumple- podría colapsar el Ministerio Público. Por este motivo, en la misma orden el fiscal general pide que ante la gran cantidad de municipios implicados en la colaboración del 1-O, se prioricen los ayuntamientos de Cataluña con más población.