La Guardia Urbana custodia las urnas en las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona

La ofensiva de los cuerpos de seguridad contra la logística del referéndum del 1 de octubre sigue su curso y se libra en varios frentes. Después de haber cerrado más de 140 páginas web relacionadas con la consulta ilegal y de haber requisado más de un millón de materiales relacionados con el 1-O, además de los sobres nominales con las tarjetas censales y de constitución de las 6.300 mesas de votación, el dispositivo se centra en las urnas. La última hora pasa por la noticia de que efectivos policiales se encuentran en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Barcelona, de la calle Perú, con el fin de custodiar urnas.

Según informaba por Twitter a primera hora el sindicato Solidaridad Obrera, de trata de un operativo en los talleres del consistorio y están confiscando urnas municipales.

ATENCIÓ!! Cossos policials ara mateix als tallers municipals de l'Ajuntament de Barcelona al Carrer Perú, estan requisant urnes municipals. — Solidaritat Obrera (@soliobreracnt) 28 de setembre de 2017

Sin embargo, fuentes municipales han confirmado a 'Rac1' de que se trata de la Guardia Urbana que aplica la orden dada por la Fiscalía de que los policías deben custodiar desde este jueves las urnas y materiales electorales que guardan los ayuntamientos de toda Cataluña y que son propiedad del Estado.

PUNTOS DE VOTACIÓN

Por otra parte, el cerco a los locales de votación, 2.200 locales públicos, entre escuelas, institutos y centros sanitarios, es otro de los puntos clave sobre los que la justicia está centrando sus actuaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado este miércoles a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan el uso de lugares públicos para la preparación del referéndum del próximo 1 de octubre y que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación.

La magistrada que investiga al Govern por convocar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, ha acordado hoy también que las autoridades policiales requisen todo el material relacionado con el 1-O. "La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Catalunya aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales".

Según recoge, Efe, la magistrada adopta estas medidas ante la "clara inobservancia" por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido "burladas" mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.

La juez ordena a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde ahora hasta el domingo la utilización de estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público para la preparación de la consulta. Además, ordena cerrar otros centros que se usen como "infraestructura logística o de cálculo", como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.

"La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Catalunya aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado", concluye la jueza del TSJC.

CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS

Por otra parta, ciudadanos catalanes han comenzado este jueves a recibir las notificaciones de la Generalitat anunciándoles que son miembros de las mesas de votación del referéndum del 1 de octubre.

En la notificación, recogida por 'Europa Press', se les convoca a conformar la mesa electoral al amparo de la Ley del Referéndum, aprobada el 6 de septiembre en el Parlament y suspendida por el TC. "Por medio de esta notificación se le traslada que ha sido designado por sorteo público como miembro de mesa electoral, con los derechos y deberes que este nombramiento le atribuyen", explicita el documento.

La notificación añade al receptor que tiene tres días, desde que recibe el documento, para alegar "una causa justificada que le impida la aceptación del cargo y el ejercicio de este deber público".