De la Serna deja en el aire el consejo de ministros extraordinario contra el 1-O para "no precipitarse"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dejado en el aire que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque un Consejo de Ministros extraordinario de forma inmediata después de que la mesa del Parlament de Catalunya haya admitido a trámite parlamentario la ley del Referéndum, por lo que la norma se votará y aprobará entre hoy y mañana.

En una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, de la Serna ha explicado que todo "depende de lo que vaya a pasar en la mesa del Parlament y en en el pleno". El Estado "actuará de forma ágil pero no precipitada", ha insistido el titular de Fomento.

Asimismo, ha llamado este miércoles a Podemos a respetar y pedir respeto hacia la Constitución y ha reclamado que "diga claramente que lo que está ocurriendo en Cataluña es profundamente ilegal". A su juicio, si no hay "respeto a la Constitución" y si un partido "no la sigue", no "se pueden llamar constitucionalistas", señalando a la formación morada.

En este sentido se ha referido a Podemos: "Me preocupa que tachen de legítimo un proceso que el Tribunal Constitucional (TC) ha calificado de ilegitimo, ilegal", ha añadido.

"Estamos ante decisiones absolutamente contrarias a la Constitución", ha asegurado sobre las resoluciones a las que se les puede dar "luz verde" hoy en el Parlamento catalán, donde previsiblemente se debata y vote la ley de ruptura de España.

En este sentido, ha mostrado su agradecimiento y el del Partido Popular hacia los partidos que sí les han mostrado su apoyo (PSOE y Cs): "Estoy convencido de que será así (sin fisuras) y de que Ciudadanos y PSOE han manifestado lo que realmente piensan", ha afirmado.

REUNIÓN DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO

Por otra parte, la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reunido esta mañana a los secretarios de Estado y los subsecretarios para aprobar las medidas contra les leyes de ruptura de la Generalitat de Cataluña.

Según ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa, la vicepresidenta ha convocado la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para "deliberar y aprobar cuantas medidas haya que adoptar tras las decisiones que tome el Govern de la Generalitat de Cataluña".

Además, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha analizado hoy el recurso de inconstitucionalidad que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros contra varios preceptos relativos a la Ley del Código Tributario de Cataluña.

OTRAS MEDIDAS DEL ESTADO

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene preparada la respuesta contra las leyes de ruptura -la de referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república- ante la inminencia de su aprobación por parte del Parlamento catalán o por decreto de la Generalitat de Cataluña. De hecho, no se descarta que haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso, aunque dependerá de lo que hagan los independentistas.

Según fuentes del Ejecutivo consultadas por 'Europa Press' estaría incluso preparada la actuación contra la sindicatura electoral, el órgano de cinco miembros que haría las funciones de la Junta Electoral Central y que se arriesga a incurrir en delito penal por desobediencia, usurpación de funciones e incluso coacciones.

La Generalitat ha ido retrasando la aprobación de estas leyes por temor a las repercusiones judiciales que pudiera tener tanto para la presidenta del Parlamento catalán como para los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa regional que lo apoyaran y también para el propio presidente del Ejecutivo, Carles Puigdemont.

Según fuentes del Gobierno central, se han escrutado todos los escenarios posibles que pueden utilizar los independentistas catalanes para sacar adelante estas normas y se aplicará en cada caso la que convenga.

Pero tanto si eligen una tramitación parlamentaria como si optan por aprobarlo mediante decreto del Ejecutivo catalán, el Gobierno central lo impugnará ante el Tribunal Constitucional. En el primer caso, el Gobierno de Mariano Rajoy presentaría un incidente de ejecución de sentencia, y en si las leyes de ruptura se aprueban por decreto, se presentaría un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, previo informe del Consejo de Estado.

SUSPENSION CAUTELAR INMEDIATA E INCLUSO RETROACTIVA

En ambos casos, la suspensión cautelar de la norma por parte del Tribunal Constitucional sería inmediata, incluso retroactiva para las partes al momento en que el Gobierno de Rajoy presentara el recurso. Aunque en el caso de que la suspensión se pudiera aplicar a terceros implicados, esta suspensión cautelar sólo tendría efecto en el momento en que se publique en el BOE, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por ello, las fuentes consultadas señalan la importancia de que el Gobierno presente el recurso lo antes posible, para que las leyes de ruptura estén en vigor el menor tiempo posible.

Fuentes consultadas por Europa Press destacan que, entre otras, hay una diferencia fundamental en esta ocasión con relación a la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y es la creación que prevé la Ley de referéndum de una administración electoral, encabezada por la Sindicatura Electoral, como el equivalente de la Junta Electoral Central.

En el artículo 16 de esa Ley se prevé la creación de una Sindicatura electoral para Cataluña, las sindicaturas electorales de demarcación y las secciones y mesas electorales.

La primera de ellas se configura como un órgano independiente, imparcial y permanente que se adscribe al Parlamento de Cataluña, estaría compuesta por 5 miembros elegidos y tendría como función garantizar la transparencia del proceso electoral y el ejercicio efectivo de los derechos electorales, según el proyecto de ley electoral registrado en julio en la Cámara catalana.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el papel que pueden asumir los integrantes de esa Sindicatura Electoral es muy arriesgado ya que podrían incurrir en delitos penales como la usurpación de funciones públicas, además del delito de desobediencia e incluso se podrían llegar a considerar delitos de coacciones, ya que además tienen la jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervienen en el referéndum y para corregir las actuaciones que contravengan la normativa por la que se rija el 1-O.

El Gobierno de Mariano Rajoy confía en que los recursos que presenten en el Tribunal Constitucional y la suspensiones de las normas que éste lleve a cabo, así como los apercibimientos personales que realice, sean suficientes para frenar el referéndum.

Pero el Ejecutivo no ha querido desvelar qué medidas concretas adoptarán si esto no es suficiente para evitar que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien pilota la respuesta judicial frente al desafío soberanista, aseguraba ayer que no le iba a desvelar a Puigdemont cómo impedirá que ponga las urnas.