Colau convoca a los grupos municipales sobre la operación policial contra la financiación irregular de Convergència
Es la primera vez que una operación policial contra la presunta financiación ilegal de CDC afecta a una empresa pública
- Las 'operación pika' ha incluído un registro a la entidad Bimsa del Ayuntamiento de Barcelona
Actualizado : 14:20
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha convocado para las 16 horas de este jueves una reunión con los presidentes de los grupos municipales con el fin de abordar la operación abierta por la Guardia Civil sobre presunta financación irregular de CDC y que incluye registros a empresas y entidades públicas.
Según un comunicado del Ayuntamiento, Colau pretende dar la información disponible, y después la alcaldesa atenderá a los medios de comunicación.
Es una operación sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de empresas y organismos públicos, que incluye un registro a la entidad Bimsa del Ayuntamiento de Barcelona; y en uno de los operativos está presente el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
LA OPERACIÓN PIKA
La Guardia Civil está llevando a cabo una operación en el marco del caso Petrum, que investiga las comisiones ilegales a la antigua Convergència -ahora PDECat-, del 3%, a cambio de la concesión de obras públicas en Cataluña. La Policía prevé detener entre 15 y 20 personas en el marco de la 'operación pika', entre las que figuran varios miembros del PDECat, próximos a Artur Mas y varios empresarios catalanes.
Según informan 'El Español' y 'El Confidencial', la operación es la continuación de la ejecutada en 2015, por la que se detuvo al tesorero de CDC, Andreu Viloca; al secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo. Las investigaciones policiales se centran en la financiación ilegal de la antigua Convergència a través, precisamente, de Catdem, fundación próxima al partido de Mas.
Según han informado a 'Efe' fuentes del instituto armado, la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán.