El Gobierno estudiará "acciones legales" contra la delegación de voto de Comín

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo central estudiará llevar a cabo "acciones legales" contra la decisión de la Mesa del Parlament catalán de permitir la delegación del voto del exonseller y diputado de ERC Antoni Comín, quien actualmente se encuentra en Bélgica.

Tal y como informa la agencia EFE, Mariano Rajoy ha comparecido este martes en una rueda de prensa en Moncloa junto a Binali Yildirim, primer ministro de Turquía. En dicha comparecencia, el jefe del Gobierno ha defendido que "lo que tienen que hacer los parlamentos es elegir a personas habilitadas para gobernar".

#Cataluña necesita un gobierno autonómico que tenga la capacidad y la voluntad de dialogar en el marco de la ley y gobierne para todos. Hay que recuperar la normalidad política, institucional, económica y social. pic.twitter.com/hns1UMd2Vg — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 24 de abril de 2018

Comín era el único diputado en el extranjero que no había pedido delegar su voto, y la decisión tomada por el órgano rector de la cámara legislativa catalana supone que las fuerzas independentistas ya sumarían 66 votos. Es decir, una mayoría simple del Parlament, un número necesario para invertir a un presidente de la región en segunda vuelta.

RECUPERAR LA "CORDURA"

Mariano Rajoy también ha pedido este martes desde Moncloa que se recupere la "cordura" y la normalidad "política y social" en Cataluña. Algo que, en su opinión, solo se conseguirá si se inviste a un presidente en la región que esté "habilitado para gobernar".

Preguntado por la decisión de la Fiscalía de Delitos de Odio de denunciar a nueve profesores de instituto de Barcelona por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1 de octubre, Rajoy ha dado su apoyo a la Fiscalía ante unos hechos que ha calificado de “lamentables”.

La Mesa ya había permitido la delegación del voto en el caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien incluso pudo votar en el último pleno. Pese a las peticiones de los grupos de la oposición, el Gobierno en aquella ocasión evitó presentar ningún recurso ante el Constitucional y se resignó incluso a que no podía evitar que Puigdemont votara a distancia.