Caso Púnica: La UCO investiga a cinco diputados de Cifuentes
Dentro de la pieza de Waiter Music habría tres implicados
- David Pérez, alcalde de Alcorcón, Juan Soler y Bartolomé González, exalcaldes de Getafe y Alcalá de Henares
- Daniel Ortiz, exalcalde de Mostóles, es investigado por un contrato a Cofely por un valor de 74 millones de euros
Actualizado : 10:54
El 'Caso Púnica' sigue ampliando la lista de nombres implicados, en este caso se trata de cinco miembros del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, tres pertenecen a la pieza del caso centrada en Waiter Music, empresa encargada de recibir varias contratos por parte del Ayuntamiento de Valdemoro.
Se estaría investigando a David Pérez, alcalde de Alcorcón, a Juan Soler y Bartolomé González, que fueron alcaldes de Getafe y Alcalá de Henares
Hay que señalar que dentro de la 'Púnica' hay numerosas piezas, en concreto, el juez Eloy Velasco ha separado el caso en doce piezas distintas. Según publica El Confidencial, dentro de la rama de Waiter Music, se estaría investigando a David Pérez, alcalde de Alcorcón, a Juan Soler y Bartolomé González, que fueron alcaldes de Getafe y Alcalá de Henares, respectivamente. Al parecer la Unidad Central Operativa (UCO) se centro en la Unidad Central Operativa (UCO) después de que facturase en Valdemoro casi 9 millones de euros entre los 2004 y 2013, se recabó información de más de 40 municipios en Madrid, el Partido Popular habría recibido contraprestaciones en financiación ilegal a cambio de la concesión de estos contratos.
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FUERA DE WAITER MUSIC
Fuera de esta pieza también hay otros dos implicados del ejecutivo de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de ellos, es Daniel Ortiz, exalcalde de Mostóles, al cual la Fiscalía ya ha pedido que se le impute por los delitos de fraude y cohecho en un contrato adjudicado en el año 2014 a Cofely por un valor de 74 millones de euros.
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Por último, nos tenemos que ir a Alcobendas, su alcalde y diputado autonómico por el Partido Popular, Ignacio García de Vinuesa, estaría bajo el punto de mira por unos contratos realizados con Eico y Madiva, que se habrían realizado con dinero público y que tenían como objetivo mejorar la reputación online de varios miembros del partido popular.
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