Análisis | Dieselgate: cobardía de Estado

El hecho no debería pasar inadvertido: la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, ha expedientado a siete países de la Unión Europea (entre ellos España) por no haber sancionado debidamente a Volkswagen, que engañó a sus clientes al enmascarar las emisiones de los automóviles que vendía, por el procedimiento de falsear las pruebas de homologación realizadas por las autoridades de los distintos Estados. En concreto, la Comisión Europea les reprocha no haber aplicado las penas correspondientes al detectarse en septiembre de 2015 que el fabricante alemán utilizaba un software no permitido para superar las pruebas de emisiones en el laboratorio, si bien en el uso normal del vehículo, la contaminación producida era muy superior a la teóricamente detectada por el controlador.

En otras palabras, la Comisión Europea denuncia que el Estado español, además de los de Alemania, Luxemburgo y Reino Unido, lejos de defender a los consumidores de las marrullerías de la gran industria, ha hecho la vista gorda, en lugar de erigirse en representante de la ciudadanía y de exigir daños y perjuicios, como han hecho, por ejemplo, las autoridades norteamericanas.

La Comisión Europea denuncia que el Estado español, además de los de Alemania, Luxemburgo y Reino Unido han hecho la vista gorda

En el caso de Alemania, puede entenderse que las autoridades de Berlín no hayan querido arrojar piedras sobre su propio tejado. Y en el caso español, es evidente que nuestro país no ha querido enemistarse con los fabricantes de automóviles, que son vitales para nuestra economía. Volkswagen, en concreto, no sólo es propietaria de Seat –en Martorell se fabrican casi 400.000 vehículos al año, todos los modelos Seat y el Q3 de Audi- sino que tiene su propia planta en el polígono de Landaben, en Pamplona, donde actualmente fabrica el Polo (290.000 vehículos en 2015).

La explicación, aunque verosímil, es indecente porque, ya se sabe, en democracia el fin no justifica los medios, y no cabe argumentar que conviene que nos callemos para que el capitalismo europeo no nos coja ojeriza. Lo ocurrido es verdadera cobardía de Estado, un comportamiento que cabría sin duda en le capítulo de la corrupción, que violenta las reglas europeas de la competencia y que dice muy poco de la calidad y la moralidad de nuestros políticos.

Antonio Papell