Análisis | Cataluña: una burda pirueta soberanista
En boca de Anna Gabriel, las palabras se volvían lunáticas, impropias del foro parlamentario...
- Y ahora, ¿qué amenaza se cierne sobre quienes han de gestionar en Cataluña la declaración de hoy?
Actualizado : 20:16
No ha habido sorpresas. Solo que la representación de la liturgia parlamentaria que se había programado ha quedado mucho más burda y rudimentaria que lo que cabía esperar y el resultado de la ceremonia ha sido una burda pirueta soberanista, muy difícil de justificar dentro y fuera de España.
En los últimos tiempos, ha prosperado la evidencia de que no hay masa crítica suficiente para promover la ruptura...
Era imposible convencerse de que detrás de Raül Romeva, tan débil en su argumentación, y de Anna Gabriel, la ‘cupera’ que ha puesto a martillazos los puntos sobre las íes independentistas, está la mayoría social catalana, la misma que ha retrocedido paulatinamente de los parajes convergentes a medida que el partido fundado por Jordi Pujol iba radicalizándose en una huida hacia delante que, en buena medida, ha de atribuirse a la creciente convicción de que la familia Pujol encabezaba en realidad una mafia para enriquecerse.
En boca de Anna Gabriel, las palabras se volvían lunáticas, impropias del foro parlamentario, tremendamente extrañas en una España que hace ya casi cuarenta años que viene ejercitándose en el desempeño de una impecable democracia. “Nuestro internacionalismo [proletario, habría que añadir] requiere soberanía para poder desplegarse en toda su expresión”, decía Gabriel, después de proclamar la “insubordinación democrática a las instituciones del Estado”. En los despachos de Bruselas, habrán temblado las lámparas al propagarse esta noticia impropia de un estado comunitario.
LA SOCIEDAD CATALANA...
El acto parlamentario no ha tenido acompañamiento social. Salvo la muy escasa afluencia de personas con banderas españolas y catalanas a las puertas del Parlamento catalán, Barcelona ha vivido una jornada completamente normal. Ni siquiera los votantes de opciones independentistas se han lanzado las calles a celebrar un gesto que resultará efímero, que se desmoronará de consunción natural en cuanto el juego institucional avance. En los últimos tiempos, ha prosperado la evidencia de que no hay masa crítica suficiente para promover la ruptura –después de todo, las elecciones plebiscitaras organizadas por los soberanistas para contarse a sí mismos han arrojado un resultado bien explícito: la envergadura del soberanismo es como máximo del 48,7% de los votos- y un manto de escepticismo se ha cernido sobre el cuerpo social.
No estamos, al menos de momento, en presencia de un golpe, sino de una decisión política que no encaja con la legalidad y que ha de ser por ello mismo reprimida
La mecánica democrática se ha puesto en todo caso en marcha. No hay en los comportamientos detectados posibles delitos de rebelión ni de sedición, porque no ha habido alzamiento “publico y tumultuario”. El código penal, que no viene muy al caso en este asunto, debería aplicarse a hipotéticos delitos de desobediencia si las autoridades catalanas no acataran las desautorizaciones de los tribunales. En concreto, una reforma reciente de la ley del Tribunal Constitucional otorga a éste facultades para inhabilitar a cargos públicos. Esta es la amenaza que se cierne sobre quienes han de gestionar en Cataluña la declaración de hoy. Y, evidentemente, queda en reserva el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno restaurar la legalidad tras constatar que la comunidad autónoma catalana actúa de forma que “atenta gravemente al interés general de España”.
Todos los detalles de la aprobación de la declaración independentista por parte del Parlament
Lo sucedido hoy no tiene, en fin, nada que ver con la declaración del estado catalán por Companys en 1934, ni por lo tanto admite terapias parecidas. Hoy resultaría impensable que los Mossos d’Esquadra no atendieran al requerimiento del Estado si hubiera necesidad de hacerlo. No estamos, al menos de momento, en presencia de un golpe, sino de una decisión política que no encaja con la legalidad y que ha de ser por ello mismo reprimida. El Gobierno está tomando una senda de prudencia y de cooperación con las demás fuerzas políticas que marca la pauta adecuada, en términos de proporcionalidad y gradualidad. En la prensa catalana de hoy no hay parabienes para la declaración sino al contrario: los catalanes empiezan a plantarse ante una deriva que puede ser muy lesiva para el desarrollo de la propia región. Y que está abriendo una brecha social inquietante, que debe empezar a suturarse cuanto antes. Este estallido de hoy tiene que ser en definitiva el principio del retorno a la razón y al estricto desarrollo político en el marco legal y constitucional.
Antonio Papell
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