Volkswagen ofrece pagar 830 millones a los afectados en Alemania por el 'dieselgate'

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha ofrecido pagar 830 millones de euros para poner fin a la demanda colectiva en Alemania en relación con el caso del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio, conocido como el caso del 'dieselgate'.

Desde la empresa han indicado que inicialmente se había alcanzado un acuerdo con la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV) para el pago de estos 830 millones para cerrar la vía judicial, aunque han señalado que este no se ha cerrado finalmente por las altas pretensiones económicas de los abogados de VZBV.

"Esta solución justa para los clientes solo fracasó porque los abogados de VZBV insistieron hasta el final en un pago de 50 millones de euros por el acuerdo", ha explicado la compañía automovilística en una declaración.

Volkswagen ha resaltado que los asesores legales de la organización no han aportado pruebas "suficientemente concretas" que justifiquen los servicios ofrecidos, por los cuales la compañía tendría que abonar dichos 50 millones de euros.

La compañía con sede en Wolfsburg (Alemania) ha dicho que los abogados de VZBV rechazaron que se llevara a cabo un "examen legal independiente" en relación con sus exigencias económicas, por lo que el grupo automovilístico califica de "imposible" que se haga ese pago sin que haya pruebas suficientemente concretas.

"Hemos trabajado hasta el final en una solución conjunta en interés de los clientes. Lamentamos que la implementación conjunta de este acuerdo alcanzado con la VZBV haya fracasado a causa de las demandas irrazonables por parte de los abogados de VZBV", ha asegurado la compañía.

Desde la corporación que preside Herbert Diess han señalado que el consejo de administración decidirá próximamente los pasos a seguir en relación con este caso.

VZBV lidera la demanda colectiva contra Volkswagen, a la que se han unido unas 444.000 personas que reclaman daños y perjuicios en relación con el caso del software que detectaba que el coche estaba siendo objeto de pruebas en un laboratorio y reducía las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).