S&P cifra en 700 millones anuales el impacto en los bancos del AJD

S&P Global cree que, aunque los bancos españoles se conviertan ahora en el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), será "manejable" en términos financieros para el sistema como para la entidad bancaria específica, por lo que no afectará sobre las calificaciones de solvencia que emite sobre las mismas.

Ni 24 horas después de que el Tribunal Supremo decidiera que son los clientes, y no los bancos, los sujetos pasivos del IAJD, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de modificar a través de un real decreto ley quién ha de pagar este impuesto para que finalmente sean los bancos, y que ha sido aprobado este jueves en Consejo de Ministros.

Este cambio en la ley, que se comenzará a aplicar inmediatamente después de su publicación el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requiere que las entidades asuman el pago de este impuesto a partir de ahora, descartando cualquier tipo de carácter retroactivo, poniendo fin a una práctica de hace más 23 años.

S&P Global explica que, incluso en el peor de los casos, en el que los bancos no logren repercutir este coste adicional sobre las nuevas hipotecas, el impacto continuará siendo "manejable".

Tomando como base el nivel de creación de nuevos préstamos hipotecarios a los hogares en los últimos 12 meses y un impuesto medio del 1,25%, la firma calcula que el impacto extra será de unos 700 millones de euros anuales, equivalente al 5,5% de los beneficios antes de impuestos del sector previstos para 2018.

No obstante, S&P Global sostiene que la controversia generada en torno al impuesto hipotecario durante las últimas semanas podría tener efectos secundarios negativos debido al posible surgimiento de una tendencia mayor a aumentar la protección del consumidor.

"Una vez más, los bancos se convirtieron en blanco de la crítica pública, aunque parece que la fuente del problema es la regulación que respalda el impuesto hipotecario", señala la agencia crediticia, añadiendo que podría observarse un aumento de la protección al consumidor que eleve los riesgos de litigios para los bancos y aumente la posibilidad de nuevos cambios regulatorios.

Con todo, S&P Global considera que "todavía es demasiado pronto" para evaluar si este cambio intensificará la competencia de precios, ya que dependerá de si todos los bancos españoles intentan pasar la mayor parte del nuevo coste a los clientes, o sólo algunos de ellos.