Jaime Botín (Bankinter) rompe el acuerdo con la Fiscalía sobre un presunto fraude fiscal

Jaime Botín, máximo accionista de Bankinter, ha roto el acuerdo al que llegó con la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado por haber defraudado presuntamente 1.014.028 euros a Hacienda en la compra de una aeronave, tras hacerse público el pasado jueves los detalles del acuerdo, y finalmente irá a juicio.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Botín no ha ratificado el pacto, por el que aceptaba nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, ya que el acuerdo se hizo sobre dos bases: la confidencialidad y exculpar a sus empleados.

La primera de esas cláusulas no se ha cumplido y, por tanto, el banquero ha procedido, tras consultarlo con sus abogados, a desmarcarse del pacto, que debía ratificarse este lunes en una vista en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, y afrontar previsiblemente mayores consecuencias judiciales.

Estas mismas fuentes han señalado que aceptó el pacto en octubre "a regañadientes", ya que "no se considera culpable", pero que la filtración de las cantidades ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ahora, las actuaciones deberán volver al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, donde continuarán las diligencias que se estimen oportunas.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía acusa a Botín y otras tres personas de haber creado un entramado de empresas a través de la cual deslocalizaron de manera "artificiosa" una aeronave, propiedad de Botín, en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente el avión tenía su base movimientos en España, en su mayor medida en el aeropuerto de Torrejón.

Según informa la Fiscalía, con dicha operativa los querellados evitaron hacer frente al Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte (I.E.D.M.T.), cuota que por medio de la querella se les reclama y que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente teniendo en cuenta el valor de la aeronave (10.700.000 dólares).

En 1989 se constituyó la empresa World Tour S.A., de la que Jaime Botín era propietario de la práctica totalidad de su capital, y cuyo objeto social era la compraventa y tenencia de valores y demás derechos, "así como de bienes inmuebles".

En 2012 la sociedad World Tour S.A., a través una de las personas querelladas, firmó un contrato de compra con la compañía estadounidense Cessna Aircrfat Company de un avión por un precio total de 10.700.000 dólares "y que se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid".

El contrato establecía que la aeronave debía de disponer de certificación comercial expedida en España y que la entrega se realizaría en el aeropuerto de Torrejón. Dado que la matriculación del avión estaba sujeta en España al impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (I.E.D.M.T.) implicaba la obligación de World Tour S.A. de liquidar el impuesto e ingresar a la Hacienda Pública 1.014.298 euros.

Ese fue el motivo, según la Fiscalía, de que los querellados decidieran deslocalizar "de forma artificiosa" la matriculación de la aeronave a Portugal, "donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación". De ahí que otro de los querellados, en nombre de World Tour S.A constituyera una sociedad en el aeródromo municipal de Cascais llamada World Tour Portugal, LDA.

Una vez matriculada la aeronave en Portugal "a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial", la Fiscalía sostiene los querellados debían "por un lado ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour S.A. y, por otro lado, debían asegurar que World Tour S.A. tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave".