Economía.- La JUR celebra el aval de la Justicia europea a la disolución de Banco Popular
BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)
La Junta Única de Resolución (JUR) ha celebrado este miércoles la sentencia del Tribunal General de la UE en la que avala la disolución de Banco Popular y desestima en su totalidad los recursos presentados por parte de los accionistas contra la liquidación de la entidad bancaria, traspasada a Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
"Acojo con beneplácito la decisión del Tribunal de hoy, que justifica la decisión que tomó la JUR", ha señalado la presidenta de la autoridad europea, Elke König en un comunicado en el que ha destacado que el rol del organismo ha sido el de preservar "la estabilidad financiera" y, en paralelo, "proteger al contribuyente de tener que rescatar al banco".
La JUR ha puesto el énfasis en que la Justicia europea ha confirmado la legalidad de la decisión del organismo europeo de disolver Banco Popular, una decisión que fue respaldada por la Comisión Europea y que, además, ha desestimado la devolución del dinero de las acciones o una compensación a los demandantes.
La sentencia del alto tribunal, sobre la que cabe recurso, argumenta que la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea "no incurrieron en un error manifiesto de apreciación" al considerar que Banco Popular "se hallaba en grandes dificultades o probablemente fuera a estarlo".
Así, apunta que la liquidación de Banco Popular se adoptó "válidamente" y "con independencia" de los motivos que llevaron a la entidad bancaria a encontrarse en dificultades.
En junio de 2017, la Comisión Europea aprobó la resolución de Banco Popular y su traspaso a Banco Santander por un euro, después de que el organismo europeo considerara que se cumplían las condiciones para adoptar la resolución de la entidad bancaria, depreciara íntegramente el valor nominal del capital social de Banco Popular, que implicaba la cancelación de las acciones, y transmitiera las "nuevas acciones" a Banco Santander.
La sentencia llega tras varias demandas presentadas por parte de fondos de inversión, particulares y fundaciones, todos ellos propietarios de acciones de Banco Popular, que perseguían la anulación de la disolución de la entidad bancaria y reclamaban una compensación o la devolución de la cuantía de las acciones.