Cataluña pone en peligro la llegada de MiFID II mientras la industria de inversiones clama que "es un caos"

La crisis catalana monopoliza la política en un momento en el que hay muchas reformas pendientes. Entre ellas, un gran cambio en la industria de servicios de inversión articulado en torno a la normativa europea MiFID II, que debe entrar en vigor el 3 de enero. El nuevo marco jurídico cambiará la forma en que se venden el 90% de los fondos de inversión en España, pero con la parálisis de todo lo que no sea Cataluña hay una amenaza de retraso.

Estar listos para el lunes 3 de enero es el compromiso adquirido por los países miembros de la Unión Europea, que deben transponer la norma respetando la esencia de dotar más transparencia al negocio de la gestión de inversiones y el asesoramiento pero con cierta flexibilidad para que cada estado decida cómo desarrolla el nuevo marco jurídico. Esta normativa debe ser aprobada mediante un decreto ley que debe pasar por el Consejo de Estado y por el Parlamento, algo que ante la tensión entre la Generalitat y el Gobierno está en peligro.

En las reuniones entre banqueros, asesores independientes, gestoras de fondos o distribuidores se especula con esta posibilidad. Lo mismo que sucede con las reformas pendientes de las pensiones o la financiación autonómica, MiFID II está en el aire. Pero hay grandes diferencias. La primera y fundamental es que hay que cumplir con una directiva europea, aunque “tenemos experiencia en transponer las normas europeas tarde”, recuerda un experto en legalidad. La segunda es que el sector espera que, dada su complejidad y la lejanía con el ciudadano -aunque afecta a todo inversor, pequeño o grande-, sea más fácil el necesario trámite parlamentario.

MiFID II tiene muchas aristas, y se prevé que impulse un gran cambio o evolución en el sector. El objetivo es proteger al cliente con más información y transparencia, aunque también tiene sombras. En Reino Unido provocó dos efectos: el auge de la gestión pasiva y el incremento de los costes para un cliente medio. Además, también podría alejar a los clientes que no tienen un gran patrimonio (se habla de entre 300.000 y 500.000 euros) de los circuitos tradicionales del asesoramiento por los costes regulatorios.

“Llevo meses pensando más en cómo prepararme para MiFID II que en gestionar, que es mi trabajo”, dice el gestor de una pequeña firma de la City que realiza gestión delegada de bonos para fondos de pensiones de grandes gestoras o bancos de Reino Unido. “Tenemos que tener muy claro cómo adaptarnos, porque puede haber fondos muy buenos que ya no se vendan por no tener estructuras de clases adecuadas para el distribuidor”, añade el responsable de negocio de una boutique española.

Tenemos que tener muy claro cómo adaptarnos, porque puede haber fondos muy buenos que ya no se vendan por no tener estructuras de clases adecuadas para el distribuidor

España no es el único país europeo que va con retraso. Varios estados que van desde Bulgaria a Estonia o Malta también podrían llegar tarde al objetivo de estar listos para el 3 de enero, con un periodo de adaptación de seis meses. Entre todas las ramas de MiFID II hay dos grandes bloques. Por una parte está el requisito de formación para el personal que informa o asesora de las redes de distribuidores, principalmente bancos. En este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una guía técnica que deja claras las exigencias con una pequeña victoria para el ‘lobby bancario’, ya que las propias entidades podrán realizar la formación y la acreditación. Aun así, muchos bancos optan por externalizar este servicio a través de escuelas de negocio o EFPA.

Por otro lado, la normativa europea afecta a toda la cadena de valor de la gestión y venta de fondos. Es decir, a la relación entre el cliente y el distribuidor (por ejemplo una entidad bancaria), y entre éste y el proveedor (la gestora de fondos). En muchos casos todo se queda en el mismo grupo, pero también se deberá afrontar cambios en el modelo de cobro de comisiones a sus clientes o en cómo se repercuten los ingresos que se obtienen con los fondos.

El Tesoro elaboró un borrador que concreta todas estas obligaciones legales y el Ministerio de Economía y Competitividad lo puso a consulta en agosto hasta el 18 de septiembre. Desde ese momento, no ha habido ninguna novedad. “Estábamos muy avanzados en el proceso (primero borrador, después decreto ley y, finalmente, aprobación del Congreso), pero ahora se ha paralizado. Esto se juega a nivel europeo, con lo que España no se puede relajar, pero ahora mismo hay cierto caos en la industria”, apuntan desde Allfunds Bank, que este miércoles ha reunido a los principales actores del sector, que han mostrado su preocupación. “Más que caos yo hablaría de incertidumbre”, matiza el jefe de una pequeña firma de inversiones.

El consenso es claro. Quieren que los reguladores dejen claro cuanto antes el terreno de juego. Y también ha habido alguna crítica dura: “El regulador no ha visto un cliente ni de cerca”, denuncia el ejecutivo de una gestora, que teme que el incremento de oferta e información hacia los clientes limite el crecimiento que hasta ahora ha tenido el sector de los fondos de inversión. En el segundo trimestre, las familias superaron por primera vez los 300.000 millones de euros invertidos en fondos, aunque esta cifra está lejos aún de los 859.377 millones que tienen en depósitos, cuentas corrientes y efectivo.

DERROTA DE LA BANCA

La preocupación de este directivo radica en la derrota que ha tenido la banca con el borrador que publicó el Ministerio de Economía, que limita el cobro de retrocesiones -parte de la comisión que paga el cliente y que se queda el distribuidor-. Aunque aún no está confirmada esta acotación, ya que el borrador no es definitivo, la banca ya trabaja con esta posibilidad. Esto afecta a un negocio que en los seis primeros meses del año ha generado 738 millones de euros en retrocesiones. Es decir, las gestoras de fondos han cedido el 62% de las comisiones cobradas a los clientes a los vendedores. En muchos casos, son bancos que retroceden a sus propias gestoras.

Las gestoras de fondos han cedido el 62% de las comisiones cobradas a los clientes a los vendedores durante la primera mitad del año

La normativa MiFID II va a poner patas arriba esta práctica. Los asesores independientes no podrán cobrar retrocesiones, sino que tendrán que cobrar explícitamente al cliente por su asesoramiento. En el caso de los no independientes, sólo podrán cobrar si justifica el servicio con un incremento del valor añadido, ya sea a través de mayor información para el cliente y evaluación continuada de su situación como inversor, o con la oferta de productos de terceros, lo que en la jerga financiera se conoce como arquitectura abierta.

Bancos y gestoras, a través de la Asociación Española de Banca (AEB) y la patronal de fondos, Inverco, pidieron sin éxito -al menos, en el borrador- que se incluyera un cuarto supuesto en el que se considera las redes bancarias como un valor añadido para que las entidades financieras puedan seguir vendiendo fondos como hasta ahora, con el cobro de retrocesiones. Los requisitos de mayor transparencia, además, atacan la mala praxis que la CNMV detectó en las sucursales en una investigación, como deficiencias en la información y asesoramiento sobre costes y riesgos o la oferta únicamente de productos propios.

Todos los bancos trabajan con la hipótesis de que no va a haber cuarto supuesto, y si lo hay, “bienvenido será”, concreta Álvaro Hermida, director de desarrollo de producto para banca privada y banca premier de CaixaBank. “Ofrecer arquitectura abierta nos ha permitido crecer en patrimonio”, recuerda César Calvo, director de desarrollo de negocio y desarrollo corporativo en Bankinter, entidad que lleva varios años con esta oferta de fondos de terceros. “La industria va a seguir creciendo. Pero tenemos el reto de ver cómo generamos valor añadido entre todos para ganar dinero, y buscar fuentes para paliar el efecto de MiFID II”, apunta Íñigo Gallastegui, director de productos y asesoramiento en Santander Private Banking. “Vamos a pasar del cobro implícito al explícito, es un cambio que va a costar pero que elevará la transparencia”, arguye Guillem Cullerés, director de productos de gestión de inversiones en Banco Sabadell. Lo que no está claro es el coste de esta transparencia.