Una detenida en la 'operación Anubis' es quien certifica ante el juez que el departamento de Junqueras no pagó el 1-O

La Guardia Civil ha hecho constar en los últimos informes que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, las dificultades que está encontrando para determinar cuánto costó y quién pagó el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. El encargado de recopilar la información de las Consejerías para responder al Juzgado fue el secretario de Economía, Pere Aragonés, quien aparece en la 'agenda del procés' en reuniones para la creación de estructuras de Estado. Y quien certifica que el Departamento de Oriol Junqueras no gastó nada en el 1-O es Natalia Garriga, la directora de Servicio, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en la 'operación Anubis', por orden del mismo Juzgado que pidió los datos de los gastos del 1-O.

El Juzgado de Instrucción de Barcelona cursó a principios de noviembre una petición a la Administración catalana para que explicaran qué fondos públicos habían destinado a la organización y celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Se reclamaba, así mismo, que la Generalitat especificara qué Consejería había imputado el gasto.

Sin embargo, el 17 de noviembre, el departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, respondió al Juzgado que ninguna de las consejerías había realizado gastos para el citado referéndum. En la carta de respuesta al requerimiento del juez se incluye un cuadro en el que las 13 Consejerías de la Generalitat responden, una por una, que no tienen conocimiento de la existencia de gastos relacionados con el asunto por el que se les pregunta.

AGENDA DEL PROCÉS

El encargado de recoger esta información fue el secretario de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonés, según consta en cada una de las cartas que remitieron los respectivos directores de servicio de cada una de las Consejerías. Aunque después, formalmente, fue el director general de Asesoría Jurídica de la Generalitat quien firma la misiva para el Juzgado.

El encargado de recoger esta información fue el secretario de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonés

Pues bien, Pere Aragonés aparece en la Moleskine de Josep María Jové, secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat, la llamada 'agenda del procés', como una de las personas que participó en reuniones en las que se abordó la creación de estructuras de Estado.

Así aparece en un apunte del 21 de diciembre de 2015, según el cual, Pere Aragonés habría paticipado en una reunión con Marta Rovira, secretaria general de ERC, Jové, Raúl Romeva, consejero de Exteriores, Alba Vergés, secretaria de Salud, Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, Jordi Roig, secretario de Finanzas y Carles Viver Pi i Sunyer.

En ese encuentro, Viver apostó por avanzar 300 medidas y tramitar "las tres leyes de estructuras de Estado" pero no aprobarlas "hasta después de las constituyentes, siempre según la agenda de Jové. El exmagistrado también habría afirmado que estaban legitimados para "proclamar la independencia sin tener mayoría de votos (sólo escaños)".

GARRIGA CERTIFICA ANTE EL MISMO JUEZ QUE ORDENÓ DETENERLA

En cuanto a la certificación de la vicepresidencia, negando que hubiera contabilizado gastos para el 1-O, ésta fue firmada por Natalia Garriga, directora de servicios, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en la 'operación Anubis', por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la creación de estructuras de Estado y los preparativos así como la celebración del referéndum ilegal.

Por tanto, se da la circunstancia de que Natalia Garriga certifica que el departamento que dirigía Oriol Junqueras no realizó gastos en el 1-O ante el mismo juez que ordenó la detención de esta directora de servicio. La certificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se remite a Pere Aragonés, como lo hacen el resto de los directores de servicio de todas las Consejerías.

Garriga explica en su respuesta que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017, que anula el destino de partidas presupuestarias a procesos refrendarios, la vicepresidencia de Economía y Hacienda no realizó gastos con cargo a esas partidas. Añade que tampoco consta ningún gasto en este sentido en las secciones presupuestarias que gestiona el citado Departamento.

Ante esta respuesta de la Generalitat, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona dictó una providencia el 23 de noviembre para pedir a los Ministerios de Economía y de Hacienda que, en virtud de la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña, de las órdenes oportunas para la "exacta y puntual" cumplimentación de la petición del juez, de conocer el dinero público destinado a sufragar un referéndum ilegal.