La empresa del marido de Silvia Clemente recurrirá la sentencia del TSJ de CyL y se personará en el procedimiento penal
VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)
La empresa Patatas Meléndez S.L., sociedad del marido de la expresidenta de las Cortes y una de las aspirantes de Cs a la candidatura por la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha anunciado que interpondrá los recursos "que resulten oportunos" ante la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
La empresa de Javier Meléndez, marido de Clemente, considera que la sentencia no es "ajustada a derecho" y que está fundamentada en documentos de los que "no ha tenido conocimiento durante la tramitación del procedimiento judicial".
En un comunicado remitido a Europa Press, Patatas Meléndez ha anunciado recurso y también que se personará en el procedimiento penal con el fin de "aclarar los hechos que están siendo objeto de investigación".
El TSJ de CyL ha desestimado este miércoles el recurso presentado por la empresa contra una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería que denegaba el pago de una subvención de 598.000 euros anteriormente concedida por la Administración a dicha mercantil. En su resolución, el alto tribunal aprecia indicios de una posible manipulación de documentos aportados en el expediente estudiado.
La pasada semana la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, confirmó la denuncia presentada ante la Fiscalía por la desaparición de un expediente correspondiente a la concesión de la ayuda al empresario Javier Meléndez, a quien se le denegó la misma después de que los técnicos de la Administración valoraran que no cumplía los requisitos.
La consejera ya apuntó entonces que Justicia estaba "rastreando" las ayudas millonarias que la expresidenta de las Cortes y candidata de Cs a las Primarias para optar a la Junta, Silvia Clemente, concedió a la empresa de su marido cuando era titular de Agricultura.
Marcos explicó que este empresario vallisoletano solicitó un expediente al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) pero se comprobó que "no está ni en papel ni en digital", por lo que se denunció ante la Fiscalía ya que la Junta "tiene la obligación de custodiar los expedientes".