Fiscales reclaman que el Gobierno derogue el artículo que fija el tiempo límite para la instrucción penal por decreto

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La asociación Unión Profesional de Fiscales (UPF) han insistido este jueves en la necesidad de que se derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que pone fecha límite a las instrucciones de las causas penales, para evitar el "riesgo de impunidad". Por ello ha dirigido al PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos sendos escritos pidiendo que insten al Gobierno a que lleve a cabo esta reclamación histórica de los miembros de la carrera fiscal a través de un Real Decreto-ley .

Esta asociación --a la que estaba afiliada la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando era fiscal-- ha explicado en cada una de estas cartas que hace esta solicitud porque "el procedimiento legislativo común" para la suprimir el artículo 324 de la LECrim "está agotado". Existe la "urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad" que este precepto "implica", afirman los escritos.

Precisamente, este es uno de los principales argumentos que el PSOE ha expuesto en sus debates parlamentarios, en los que se ha mostrado a favor de la derogación de dicho artículo. Es más, la ministra ha enfatizado en varias ocasiones, y así lo trasladó a las asociaciones de jueces y fiscales en las reuniones que mantuvieron en relación con la huelga que hicieron el pasado 19 de noviembre, que ha impulsado esta reforma legislativa para impedir que los investigados en delitos como los de corrupción no sean juzgados por no poder concluir la instrucción en el tiempo establecido. Asimismo, ha afirmado que el PP trata de dilatar en el tiempo este trámite presentando ampliaciones del plazo de enmiendas.

COMPROMISOS DE LOS PARTIDOS

Aún así, la UPF recuerda que la actual legislatura se han presentado tres iniciativas que contemplan la reforma de este artículo --una de Ciudadanos sobre la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes y otras dos relacionadas con la LECrim presentadas por el PSOE y Podemos-- y ninguna se ha llevado a cabo. En esta línea, recuerda que el presidente del PP, Pablo Casado, se reunió con las asociaciones judiciales y fiscales poco después de conseguir el liderazgo del partido y se comprometió a derogar el mencionado artículo.

"Apelamos a la responsabilidad parlamentaria en aras a disponer de una legislación procesal que permita a jueces y fiscales perseguir la delincuencia, con medios adecuados y sin medidas legales que generan incuestionables disfunciones en la Administración de Justicia pero, sobre todo, conllevan un inequívoco riesgo de impunidad", subraya la UPF.