El exjefe de seguridad de Chávez recurre su extradición porque en Venezuela "no se respetan los Derechos Humanos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Adrián Velásquez, el que fuera jefe de seguridad del presidente venezolano Hugo Chávez, ha recurrido su extradición, acordada por la Audiencia Nacional a finales de noviembre, advirtiendo de que es víctima de una "persecución política" por parte del régimen de Nicolás Maduro y de que en el país sudamericano "no se respetan los Derechos Humanos".

"No es errado sostener hoy que en Venezuela no se respetan los Derechos Humanos, que no se tiene un juicio justo y que no existen garantías del debido y justo proceso judicial", afirma la defensa de Velásquez en el recurso de súplica que ha presentado ante la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press.

A lo largo del escrito, el abogado Ismael Oliver presenta distintos argumentos para oponerse a la extradición, pero insiste en varias ocasiones en que es "indiscutible" que "existen fundamentos sólidos que indican" que Venezuela "no respeta los Derechos Humanos" y "existen fundamentos sólidos para pensar" que esta demanda de extradición responde a una "persecución política".

"La Audiencia Nacional, como una infinidad de instituciones nacionales e internacionales, identifica que en Venezuela no se respetan los derechos fundamentales, de modo que entregar a un reclamado a Venezuela supondría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, vulnerando su derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes", explica.

Para la defensa, "eso es precisamente lo que también le ocurriría a Adrián Velásquez si fuera extraditado a Venezuela, pues como se ha reiterado de manera incansable a lo largo de todo el proceso, tanto él como su esposa se vieron obligados a abandonar Venezuela debido a las continuas presiones que recibían del nuevo régimen de Maduro".

La Audiencia Nacional también acordó la entrega a Venezuela de la mujer de Velásquez, Claudia Patricia Díaz, exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) del país sudamericano y también antigua enfermera de Hugo Chávez. Ambos fueron detenidos en España el pasado mes de abril atendiendo a sendas órdenes internacionales de entrega por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.

Según explica la defensa en su recurso, la madre de Velásquez "lleva tres años sumergida en un proceso judicial, sin que se haya formulado ninguna acusación contra ella", lo que, a su juicio, también demuestra que la familia del acusado es "objeto de una persecución política".

Por otro lado, el escrito explica a la Sala de lo Penal que Velásquez era "militar" antes de ser acusado y que, por tanto, "no tenía acceso a bienes, por lo que no pudo cometer cohecho, no pudo cometer prevaricación y le fue imposible cometer malversación de caudales públicos".

De igual modo, la defensa argumenta que las autoridades venezolanas no han aportado los "hechos extradicionales" por los que reclama al acusado, por lo que, a su juicio, "resulta inviable e imposible aplicar el esencial principio de la doble incriminación".

AUTORIDADES NO LEGÍTIMAS

Y, por último, el abogado de Velásquez insiste en un planteamiento que ya abordó durante la vista de extradición celebrada a finales de noviembre, y es que las autoridades que solicitan la entrega, el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, "no son legítimos". De hecho, asegura que "hasta tal punto están deslegitimados que deberían ser detenidos en el caso de que pisaran suelo español".

"Tanto Tarek William Saab, quien finge ilícitamente como fiscal general, como Maikel Moreno, que actúa indebidamente como presidente del Tribunal Supremo. El máximo órgano de la Unión Europea ha sancionado tanto a Tarek William Saab como a Maikel Moreno por atentar contra los Derechos Humanos, imponiendo una sanción que no sólo implica la detención de ambos individuos, sino también el embargo preventivo de cualquier bien que tuvieran en algún estado de algún país miembro de la Unión", afirma.

"La inmensa mayoría de los organismos internacionales, por no decir todos, han declarado expresamente la ilegitimidad de ambos nombramientos por atentar directamente contra la Constitución vigente en el país requirente. Resultaría insólito que se le entregase a unos solicitantes sancionados por violar los Derechos Humanos a un reclamado para ser juzgado por esos mismos órganos en ese país", añade.