Santos y las FARC firman el nuevo de acuerdo de paz en Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firmaron hoy en Bogotá el nuevo acuerdo de paz para terminar 52 años de conflicto armado interno.

Santos y "Timochenko" firmaron el acuerdo, que complementa el original del pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias, a las 11.30 hora local (16.30 GMT) en el Teatro Colón de Bogotá, según recoge EFE.

Por su parte, el expresidente colombiano y principal opositor al acuerdo de paz con las FARC que fue firmado hace unas semanas rechazado después en referéndum, Álvaro Uribe, ha rechazado el nuevo acuerdo alcanzado entre el presidente Juan Manuel Santos, galardonado este año con el Nobel de la Paz, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

EL NUEVO ACUERDO

Los ajustes se centran en los apartados de justicia transicional, participación política, reforma agraria y narcotráfico, los principales caballos de batalla de la campaña por el 'no', y sobre los que había escaso margen de negociación con las FARC.

El nuevo acuerdo presenta cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas con motivo de la guerra, pero lejos de las altas aspiraciones del 'no'. Las partes han accedido a limitar a diez años el funcionamiento de la JEP; a reservar su ejercicio a los jueces colombianos -si bien los juristas internacionales podrán participar como 'amicus curiae'-; y a especificar dónde y cómo deberán cumplirse las penas, según recoge Europa Press.

Sin embargo, se mantienen los tres tipos de sanción: entre cinco y ocho años de restricción de libertades y derechos para quienes aporten verdad; entre cinco y ocho años de privación de libertad para quienes admitan su culpa tardíamente; y hasta 20 años de cárcel para quienes se nieguen a confesar.

Garantiza el derecho a la propiedad privada e incluye a la industria "como parte de las soluciones para el desarrollo del campo"

Sobre el delito de narcotráfico, las partes han indicado explícitamente que su calificación como conexo a los delitos políticos, y por tanto amnistiable, se decidirá "caso por caso", con la obligación para los procesados de "entregar información detallada para que se puedan establecer responsabilidades".

Pero las FARC tendrán garantizada una representación mínima de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos períodos electorales y, hasta entonces, contarán con tres portavoces en el Senado y otros tres en la Cámara de Representantes para participar "exclusivamente" en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.

La mayor victoria de los partidarios del 'no' ha sido en el punto sobre desarrollo agrario y rural, porque han obligado a las partes a garantizar el derecho a la propiedad privada e incluir a la industria "como parte de las soluciones para el desarrollo del campo".