Retrasar la edad de jubilación: ¿quién gana más, el trabajador o el sistema de pensiones?

Gobierno y organismos coinciden en que los incentivos para retrasar la edad de jubilación no son suficientes para animar a los trabajadores a que opten por esta opción. Sin embargo, esta idea, la de trabajar más años, se encuentra entre las apuestas del Ejecutivo para avanzar en la sostenibilidad del sistema, considerándolo una medida para contener el gasto y aumentar los ingresos. ¿Qué ventajas aporta tanto para el trabajador como para el sistema público de pensiones?

Actualmente, los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación se limitan fundamentalmente al incremento de entre el 2% y el 4% en la base reguladora por cada año completo cotizado desde la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento hasta la fecha del hecho causante de la pensión. Esta es la principal ventaja con la que cuenta el trabajador.

Pero continuar trabajando y cotizando más allá de la edad ordinaria también puede permitir a muchos trabajadores incrementar su periodo total de cotización y, por tanto, aumentar la cuantía de la pensión sin perjuicio de la aplicación de la mencionada bonificación, explica el manager de Retirement de Willis Towers Watson en España, Rafael Villanueva. A día de hoy, se exigen al menos 36 años de cotizaciones para acceder al 100% de la base reguladora, es decir, para percibir la pensión completa. A partir de 2027 se exigirán al menos 37 años.

Para el sistema público de pensiones, demorar la jubilación permite mantener en el sistema a trabajadores que siguen contribuyendo al mismo a través de sus cotizaciones y que, mientras permanezcan en activo, no pasan a ser perceptores del sistema, con lo que la Seguridad Social mantiene ingresos mientras demora gastos. "Es cierto que cuando estos trabajadores accedan a la jubilación, percibirán una pensión bonificada, pero, presumiblemente, durante menos tiempo que un trabajador que se jubila a edad ordinaria", destaca. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por cada año de retraso de la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones en 2048 bajaría entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB.

En el caso de otras modalidades, como la jubilación activa, no habría cotización por parte del trabajador, ya que solo se cotiza por incapacidad temporal y un 8% en concepto de cotización de solidaridad, pero solo percibiría el 50% de su pensión mientras se mantenga la situación de jubilación activa (los autónomos con al menos un trabajador a cargo percibirían el 100% de su pensión).

Desde la consultora señalan que, de cara a la reforma del sistema que se está estudiando, se debería trabajar en dos líneas. Por un lado, corregir las distorsiones que existen en las bonificaciones aplicadas a la demora de la jubilación, puesto que "son escasas y no resultan en una verdadera equidad entre contribuciones y prestaciones en ese periodo adicional de cotización". Por ello, creen necesario que el sistema indujera verdaderamente a prolongar la vida laboral a través de bonificaciones equitativas y transparentes para el trabajador.

Por otro lado, consideran importante avanzar y flexibilizar las fórmulas que permiten compatibilizar pensión y trabajo. "La relativamente reciente modalidad de jubilación activa vino a satisfacer una reivindicación histórica de muchos colectivos, si bien es una opción no accesible a todos, pues requiere haberse jubilado a edad ordinaria, lo que excluye a quienes lo han hecho de forma anticipada, y acreditar haber alcanzado el 100% de la base reguladora, lo que requiere haber cotizado al menos 36 años según la ley transitoria exige en 2020", afirman.

POCAS BONIFICACIONES

En las últimas semanas, Gobierno y organismos se han pronunciado sobre los incentivos con los que se pretende que los trabajadores elijan permanecer en el mercado de trabajo de una forma activa más tiempo. El mismo Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, instaba a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.

En su opinión, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. Eso sí, reconocía que "España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación".

Un asunto con el que está de acuerdo el Banco de España. Su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, califica como "muy débiles y prácticamente inexistentes" los incentivos para trabajar más allá de los 65 años: el sistema de pensiones genera un rendimiento real esperado por encima del 2% para un cotizante con una carrera larga, por lo que posponer la edad e jubilación actualmente "no genera un mayor retorno" en ese caso.