Qué es la mochila austriaca que el Gobierno defiende ante Podemos, CEOE y sindicatos

Uno de los retos en materia económica al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez es el de intentar solucionar el problema que tiene encima el sistema de pensiones públicas. Tradicionalmente, una de las medidas defendidas por los partidos de índole liberal ha sido la llamada mochila austriaca. Sin embargo, los socialistas ya hablaron de ella en su anterior legislatura. Ahora, la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que explorarán todas las posibilidades, pese a tener en contra a Podemos, COEO y sindicatos de esta medida.

La mochila austriaca es un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador. Ese dinero, que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado por una entidad financiera. Si llega el despido de ese trabajador, no recibe indemnización sino que se lleva consigo el dinero acumulado y puede hacerlo efectivo o reservarlo para el futuro como complemento de su pensión.

Lo destacable de la propuesta, llamada así porque se implementó en Austria a mediados de 2003, es que el Estado garantizaría una rentabilidad mínima de esos fondos de tal manera que se asegurase que el ahorro depositado en esta mochila no perdiese valor debido a la inflación o la mala evolución de la inversión que se haga de esos fondos. Además, el trabajador puede saber en todo momento a cuánto asciende su fondo.

A pesar de que esta opción provocó tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos hace unos meses, recientemente se ha vuelto a hablar de ella. La ministra de Economía dijo en una reciente entrevista en TVE que "había que explorar todas las posibilidades que existen para mejorar el sistema de previsión complementario, reforzar todo lo posible el sistema de pensiones y facilitar la movilidad laboral". Entre todas esas opciones se sitúa la mochila austriaca, una propuesta que aparece en el acuerdo del Gobierno de coalición y que ya formaba parte de la Agenda del Cambio diseñada para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

Entre sus defensores se encuentra también el Banco de España, que alguna vez ha propuesto ir transformando el ahorro actual, destinado principalmente a invertir en vivienda, en otro que vaya a fondos financieros para poder ser recuperado en el momento de la jubilación. Eso sí, esta solución no puede hacerse de un día para otro, ya que se requiere de un tiempo de adaptación en el que convivirían los sistemas actuales de reparto con los nuevos de capitalización. De hecho, no es la primera vez que esta cuestión se pone sobre la mesa, ya se hizo hace varios años y entonces se desechó por su elevado coste.

Tampoco está claro que ahora vaya a ser el momento en el que la mochila austriaca se implante en España. La Agenda 2030 ha quedado en manos de una de las secretarías de Estado que está bajo la Vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias. Y Unidas Podemos ya se mostró en contra, sobre todo en lo que respecta al lado laboral. Aludían que esta medida suponía el despido gratis al ser asumido el coste por el trabajador. Algo que puede ponerse en duda, puesto que este fondo se llena de un capital que paga el empresario de forma obligatoria todos los meses y que se calcula en función a un porcentaje del sueldo del trabajador, que va acumulando el capital independientemente de si cambia o no de empleo. Además, puede recuperarse en circunstancias concretas como quedarse en paro y haber agotado las prestaciones, montar un negocio propio o jubilarse. Otra cosa es si la empresa decide asumir ese coste o lo repercute en el salario del trabajador.

Por su parte, los sindicatos temen que este modelo termine suponiendo un abaratamiento del despido y el fin del seguro por desempleo actual, mientras que la patronal tiene dudas sobre su financiación y los incentivos que disfrutarían las empresas a cambio de sus aportaciones. Según algunas declaraciones, desde la CEOE no tienen claro cómo podría sostenerse económicamente y creen que tendría un coste altísimo para las empresas si se establece desde cero, lo que a su ver también va en contra de la creación de empleo.