El Gobierno permite moratorias hipotecarias de hasta un año para los más vulnerables

El Gobierno ha aprobado ampliar las moratorias hipotecarias hasta el 29 de septiembre, tres meses más. Esto supone que, al darse el visto bueno a que su funcionamiento se haga de manera secuencial a las moratorias voluntarias de las entidades, de nueve meses, los hogares más vulnerables pueden acogerse a moratorias hipotecarias de hasta un año. Igualmente afecta a los aplazamientos en créditos al consumo.

Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles, en el que se explica que el real decreto que amplía las moratorias en el pago de los préstamos hipotecarios y de crédito al consumo establece que si el banco ha concedido al cliente un aplazamiento voluntario quedará en suspenso hasta que agote la moratoria legal y se activará a su término.

Eso sí, hay que tener en cuenta que únicamente los solicitantes que cumplan con los cuatro requisitos de vulnerabilidad decretados por el Gobierno podrán optar a estos 12 meses de moratoria. Estos son: haberse quedado en el paro o acreditar una pérdida de ingresos superior al 40% en el caso de ser empresario, tener una renta mensual por debajo de unos 1.600 euros, que los gastos de la hipoteca y los suministros básicos supongan más del 35% de los ingresos, o que la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos 1,3 veces desde el inicio de la crisis.

El documento justifica las medidas por razones de protección social y para evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria por parte de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

El real decreto incluye también ampliar hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de cortar el suministro de energía eléctrica, gas y agua, así como otras medidas de emergencia social que el Ejecutivo sacó adelante al inicio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 cuya vigencia finalizaba en julio y dirigidas a colectivos vulnerables. El decreto amplía de forma específica el periodo de percepción del bono social hasta el 30 de septiembre frente al 15 de septiembre al que se había regulado inicialmente.

La norma también incluye una prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para familias o empresas en situación de vulnerabilidad, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Será una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones. La ley inicial fijaba la posibilidad de solicitar la moratoria hasta dos meses después del estado de alarma.

Asimismo, amplía el plazo de solicitud de la moratoria arrendaticia, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, de forma que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.