Aumentar un año la edad de jubilación solo ahorra un 1,8% del gasto en pensiones

¿Está sobrevalorado el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones? Aunque se trata de una medida ya en vigor que se aplica cada cambio de año, ahora, con la reforma de las pensiones en pleno debate, surge la duda de si realmente es efectivo retrasar el momento de la retirada laboral para las cuentas de la Seguridad Social.

"Se sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones, ya que un aumento generalizado de la edad efectiva de un año sólo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones". Es lo que aseguran en su último informe la consultora Willis Towers Watson, en el que añaden que, "si el aumento sólo afectara a las jubilaciones anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto".

Creen que un aumento voluntario de la edad efectiva sin retrasar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial (VAA). Además, el ahorro de gasto en términos de VAA sería de un 5,69% si se diera el incremento de la edad legal en lugar de en la edad efectiva de jubilación. "La reforma actuarialmente más justa de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad debería situarse en el entorno del 0,5% mensual", apuntan.

En cuanto a la jubilación demorada, consideran que aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año), en paralelo a la anterior propuesta de coeficientes reductores mensuales del 0,5% para la anticipada. Explican que, actualmente, existe otra asimetría importante entre la normativa de la jubilación anticipada y demorada, algo que debería corregirse. La propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la demorada, al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses, aseguran.

"En el borrador del Anteproyecto de ley se modifican los coeficientes reductores por anticipar la jubilación, los coeficientes aumentadores por retrasar la jubilación y la forma de cálculo de las pensiones anticipadas voluntarias, pero no las correspondientes a no voluntarias. Además, alguna de las medidas en las que se está trabajando persigue también un efecto redistributivo por considerar que el cálculo de la pensión en el caso de la jubilación anticipada, en su configuración actual, es regresivo. Es fundamental que se eviten asimetrías y se introduzcan coeficientes reductores actuarialmente justos", señala el profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE Enrique Devesa, integrante también del Observatorio de Pensiones llevado a cabo por la consultora.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá, a cierre de mayo, la Seguridad Social había destinado la cifra récord de 10.154,1 millones de euros al pago de pensiones contributivas, una cantidad un 3,06% superior a la registrada en el mismo mes del año pasado. Más de dos tercios de la nómina, 7.303,07 millones de euros, se han destinado al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía ha experimentado un crecimiento que supera el 3,60% en los últimos doce meses.

Recientemente, Escrivá aseguraba que esperaba que la reforma de pensiones llegue al Parlamento a lo largo de julio. En este primer paquete de reformas se incluye la revalorización de las pensiones con el IPC y una serie de medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, con incentivos positivos para demorar el retiro de manera voluntaria.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último estudio sobre la economía española, ha apremiado a nuestro país a implementar con rapidez medidas "adecuadas y socialmente aceptables" que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Prevé que el envejecimiento de la población aumente las presiones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo si en España el gasto actual en pensiones como porcentaje del PIB alcanza el 10,9%, por encima de la media de la OCDE del 8%, aunque por debajo de algunas economías similares de Europa.

"Es fundamental que se tomen rápidamente medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", afirma. Tomando como referencia un estudio de la AIReF, señala que no aplicar el mecanismo de indexación y el factor de sostenibilidad, contemplados en la reforma de las pensiones de 2013, pero cuya implementación se suspendió e 2018, implica un aumento del gasto previsional esperado como porcentaje del PIB del 11,9% al 15,1% en 2050.