Marcos Peña, nombrado oficialmente árbitro en el conflicto entre Eulen y los trabajadores de El Prat

El Gobierno ha designado de forma definitiva a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, como árbitro entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen.

El Gobierno ha designado de forma definitiva a Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, como árbitro

Una vez propuesto el nombre del árbitro el pasado viernes, 18 de agosto, y transcurrido el plazo para realizar alegaciones por las partes, le corresponde al Gobierno designarlo definitivamente y comunicarlo a la empresa y a los trabajadores, como ya ha hecho, según el comunicado hecho público esta mañana por parte del Ministerio de Fomento.

Peña dispone ahora de 10 días a contar desde el día siguiente de la notificación para emitir el laudo. De esta manera, continúa el procedimiento de arbitraje obligatorio que acordó el Consejo de Ministros el pasado miércoles, 16 de agosto, en una reunión extraordinaria, como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

VETERANO EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Marcos Peña Pinto, de 69 años, es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde 1972. Ha sido consejero laboral en la Embajada Española en Roma (1984-1989), secretario general de Salud (1991-1992) y secretario general de Empleo (1993-1996). Desde 2006 es presidente del Consejo Económico y Social de España, órgano del que forma parte como experto desde 2005. Además, Peña está especializado en negociaciones colectivas de trabajo y ha sido árbitro y mediador de distintos conflictos laborales a escala nacional.

EL COMITÉ DE HUELGA DE EULEN ANUNCIA NUEVOS PAROS

Tras detenerse los paros previstos con motivo del atentado terrorista de Barcelona el pasado jueves, el comité de empresa de la Eulen ha vuelto a la carga y, según recoge la agencia EFE, convocará “en breve” otra huelga por los despidos y sanciones que, según ha denunciado, la dirección ha realizado en los últimos días.

"Con este laudo no podremos seguir con la huelga, pero el comité convocará otra huelga en breve por los despidos y sanciones"

La plantilla se encuentra a la espera de conocer la redacción del laudo obligatorio redactado por Marcos Peña y que debe resolver el conflicto laboral entre Eulen y los trabajadores del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La portavoz del comité, Purificación Infante, ha explicado que “con este laudo no podremos seguir con la huelga, pero el comité convocará otra huelga en breve por los despidos y sanciones de los compañeros debido al conflicto laboral”.

EL SECTOR AÉREO ACAPARA EL MAYOR NÚMERO DE LAUDOS

La primera vez que se impuso un arbitraje obligatorio tras la restauración de la democracia en España fue en el verano de 1981, cuando la Dirección General de Trabajo lo utilizó para acabar con la huelga de gasolineras que, junto a otra convocada por pilotos de Iberia, incidía en los movimientos estivales de viajeros. El sector de los transportes ha sido históricamente el que ha provocado más arbitrajes obligatorios. En 1992, el Consejo de Ministros lo impuso para el conflicto de limpieza en el Metro de Madrid y el aeropuerto de Madrid-Barajas tras una huelga de 23 días.

Y dentro de los transportes, el sector aéreo acapara el mayor número de laudos, y en concreto son los trabajadores de la aerolínea Iberia los que más veces han tenido que acatar los arbitrajes. Ocurrió en julio de 1984, cuando respondieron al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa, y que fue retirado días después del arbitraje impuesto. También en 2001 cuando negociaban el convenio con la empresa, lo que provocó suspensiones de vuelos, y también en 2012 tras la creación de su filial de bajo coste Iberia Express por un conflicto con sus pilotos. Un año antes, en 2011, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel arbitró en el conflicto entre Aena y los controladores aéreos.

La potestad para promover un laudo también puede corresponder a gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña

La potestad para promover un laudo también puede corresponder a gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña, que en septiembre de 1988 dictó uno para acabar con los retrasos en las obras para los Juegos Olímpicos de Barcelona que había generado el conflicto entre patronal y sindicatos del sector de la construcción. En 1996, la Generalitat también recurrió a un laudo para acabar con una huelga indefinida en el sector de la limpieza. Algo similar a lo ocurrido en el País Vasco en 1993. El Gobierno vasco también ordenó un arbitraje en 1994 para poner fin a una huelga de 22 días en la empresa Transportes Colectivos (TCSA) de Bilbao.