El asesino prófugo de los abogados de Atocha podría volver a España sin cargos

Cuarenta años después de la matanza de los abogados de Atocha la causa sigue abierta en la Audiencia Nacional a la espera de que el Gobierno de Bolivia se pronuncie sobre la solicitud de extradición de uno de los autores del crimen, Carlos García Juliá, que huyó durante un permiso otorgado en 1992 y años después fue localizado en el país latinoamericano, donde se le detuvo por tráfico de drogas. José Fernández Cerrá fue condenado también a 193 años de prisión en 1980 como ejecutor de la matanza si bien cumplió quince en el penal del Dueso (Cantabria) y después obtuvo la condicional en 1992. Pero la mejor parte se la lleva, Lerdo de Tejada, el asesino consiguió huir antes del juicio y tras cerca de cuarenta años de prófugo, su situación podría ser de libertad tras haber prescrito la última orden de búsqueda y captura en 2015.

"A Lerdo de Tejada le puso en libertad el juez Gómez Chaparro, una indignidad del Estado de derecho en España", explica Alejandro Ruiz-Huerta, superviviente del ataque.

Tal día como hoy hace ahora cuarenta años tres miembros de la ultraderecha asaltaron el despacho de abogados laboristas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España, ubicado en la calle de Atocha, y abrieron fuego contra los allí presentes asesinando a cinco de las nueve personas que se encontraban en el bufete.

"A Lerdo de Tejada le puso en libertad el juez Gómez Chaparro, una indignidad del Estado de derecho en España", explica Alejandro Ruiz-Huerta, superviviente del ataque

Se trata de uno de los primeros casos que instruyó la Audiencia Nacional, creada en el mismo año de la matanza (1977), y que concluyó con la condena de 193 años de prisión para dos de los autores, Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá. El tercero, Fernando Lerdo de Tejada, escapó en 1979 gracias a un permiso otorgado y nunca llegó a ser juzgado. Los otros dos integrantes del comando, Francisco Albadalejo y Leocadio Jiménez Caravaca, fueron condenado a doce años de prisión cada uno.

En 2001 la Audiencia Nacional, a petición de Izquierda Unida (IU), solicitó la extradición de García Juliá, quien aprovechó que adquirió la libertad condicional en 1992 para escapar del país. Cinco años después fue localizado en una prisión de La Paz (Bolivia) por un asunto de tráfico de droga aunque son muchas las informaciones que apuntan que los beneficios de la compra-venta de droga iban destinados a financiar grupos parafascistas.

El pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional se volvió a dirigir al Ministerio de Justicia para saber el estado del expediente. Pretende que sea trasladado a España y cumpla aquí los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional. No obstante, el miembro del comando Hugo Sosa permanece recluido en una cárcel de alta seguridad en la capital boliviana.