Telefónica amplia el plan de bajas voluntarias a otras empresas del grupo
Alrededor de 60 empleados de sus filiales cumplen las condiciones
Actualizado : 19:39
Telefónica ha decidido ampliar la puesta en marcha de un Plan de Suspensión Individual (PSI) a más empresas del grupo, una medida que permitirá a los alrededor de 60 empleados de esas filiales que cumplen las condiciones suspender también de forma voluntaria su relación con la compañía, según fuentes sindicales.
En concreto, Telefónica va a presentar un PSI en las empresas TSA, T-DIGITAL, TIWS, TI+D, TCE, TGT y Telxius, que se suma al acordado la pasada semana con los representantes sindicales para las compañías de Telefónica España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones, Telefónica Telecomunicaciones Públicas, Iberbanda y de Tuenti Technologies.
Las fuentes sindicales señalan que este plan no se negociará, pero tendrá las mismas condiciones que el firmado para las empresas anteriormente mencionadas, que son aquellas a las que se aplica el II Convenio Colectivo de empresas Vinculadas para el periodo 2019-2021 firmado la semana pasada entre la compañía y UGT y CCOO.
Con este Plan, voluntario, universal y no discriminatorio, similar al que se estableció en el anterior Convenio, podrán suspender su relación con la compañía aquellos trabajadores que cumplan 53 o más años en 2019 y tengan una antigüedad superior a 15 años en la empresa.
Quienes opten por acogerse a este plan percibirán un 68% del salario regulador hasta la edad de 65 años, mantendrán el seguro médico y la empresa abonará el Convenio Especial con la Seguridad Social.
Se calcula que casi 5.000 empleados de las compañías englobadas en el convenio colectivo cumplen las condiciones para acogerse a este plan, que se puede solicitar desde este viernes hasta el 31 de octubre. A estas se suman otras 60 procedentes de estas fililas.
El Plan de Suspensión Individual tiene el propósito de mejorar la adecuación de las plantillas y permite a las personas que reúnan los requisitos, la suspensión de su relación laboral en las condiciones establecidas. Esta medida tendrá un coste previsto de 1.600 millones de euros, aunque registrará ahorros anuales de 220 millones desde 2021.