El sector del vapeo dice que el Anteproyecto del tabaco hará perder 3.000 empleos

El sector del vapeo advierte que el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados traerá el cierre de las tiendas en España y una pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo. Así lo asegura la Asociación de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), que ve en la iniciativa legislativa "la vuelta al modelo del pasado propias de una época oscura y pasada en la que se logró monopolizar en los estancos la venta de nicotina por parte del actual Gobierno", según ha declarado su presidente, Arturo Ribes.

Esta medida contempla "equiparar progresivamente el régimen de control de la fabricación, distribución y del comercio minorista de cigarrillos electrónicos al del tabaco convencional, así como la regulación de su venta exclusiva en estancos en un plazo de cinco años, a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado".

Según Ribes, "esta medida sólo va a lograr poner en la calle a mucha gente, castiga a las pymes hasta llegar a destruirlas tras años de escarnio por la pandemia y las campañas difamatorias y justo cuando se estaba consolidando". Para Ribes "ataca directamente al derecho a la libre competencia y supondría el cierre de un sector compuesto por casi 400 pequeñas y medianas empresas, que se verían abocadas a una muerte dulce durante cinco años y desemplearía a más de 3000 personas en toda España".

El presidente de los empresarios del vapeo también destaca que "el cigarrillo electrónico es un producto completamente distinto al tabaco, como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la UE, tras la aprobación de la Directiva comunitaria 2014/40/EU, que avala que se regule de manera distinta del tabaco".

Como señala Arturo Ribes, "la regulación de la venta exclusiva de este tipo de productos en estancos obligaría a los usuarios españoles que los utilizan para dejar de fumar a comprarlos en unos establecimientos en los que se vende principalmente tabaco, lo que les podría hacer recaer en su adicción".

Al justificar su propuesta, el Gobierno de coalición entiende que esta norma "contribuirá a modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco y otros relacionados para impulsar una lucha más eficaz contra toda clase de comercio ilícito. Sin embargo, desde UPEV lo reduce a una mera cuestión mercantilista para favorecer una mayor recaudación que solo contribuirá a crear "pobreza y miseria" en el sector, según su presidente.

La aprobación ministerial abre un largo período de tramitación, abierto a las consideraciones del Consejo de Estado y al preceptivo período de consulta pública y es en este proceso donde UPEV planteará sus demandas cuando se conozca el detalle de la ley propuesta. Hasta ahora, denuncian, que "nunca hemos sido consultados y de ahí que asistimos a una decisión unilateral que no compartimos por injusta y desproporcionada". En este sentido, Ribes recuerda que Hacienda también "ha desoído" a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de una manera intencionada porque "era consciente" de la oposición de este organismo, que ya consideró en un informe "desproporcionada e innecesaria la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos en tiendas especializadas y por el sistema online".