Santander pide no ser imputado por Popular y cita el precedente de CaixaBank y Banco de Valencia

Santander no quiere estar imputado en el caso Popular. La entidad ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para evitar que se le imputen responsabilidades penales por los posibles delitos que puedan achacarse a Popular, aunque no elude sus responsabilidades civiles, de acuerdo con el recurso presentado por Santander, al que ha tenido acceso Bolsamanía. Para justificarse, cita el ejemplo de CaixaBank, que no fue imputada como persona jurídica en la causa penal de Banco de Valencia.

La entidad que preside Ana Botín se escuda en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (concretamente, en sus artículos 25 y 49) para considerar que no se puede trasladar a la persona jurídica de Santander "la eventual responsabilidad penal del antiguo Banco Popular".

Santander alega que con la resolución acometida el 7 de junio de 2017 por parte de las autoridades europeas "nació un nuevo Banco Popular, materialmente distinto del antiguo Banco Popular, en cuyo seno se habrían eventualmente cometido los supuestos delitos objeto de investigación y cuyos consejeros se encuentran investigados". Aquel día se creó "una nueva realidad, un nuevo Banco Popular", añade la defensa de la entidad.

El banco defiende que la resolución de Popular es "enteramente equiparable" a su disolución material, lo que conlleva la extinción de su responsabilidad penal como entidad, aunque no la de su responsabilidad civil, que recaería en Santander.

Para argumentar estas ideas, Santander apela a un "precedente judicial" que considera "prácticamente idéntico" a su caso. Se trata de la absorción de Banco de Valencia por parte de CaixaBank, en cuya causa penal se rechazó que la entidad que dirige Gonzalo Gortázar fuera imputada.

En aquel caso, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia Nacional consideraron que trasladar la responsabilidad penal de Banco de Valencia a CaixaBank "implicaría un sistema de responsabilidad objetiva que es incompatible con las garantías penales básicas que establece la Constitución".

Para Santander, "sería paradójico que los mismos poderes públicos que resuelven una entidad y transmiten su negocio a un tercero como instrumento para evitar su liquidación y satisfacer los intereses generales decidan exigir responsabilidad penal por hechos anteriores a la resolución a quien saben que nada tuvo que ver con esos hechos y evitó esa dramática situación".

TRASLADO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

"Una fusión por absorción no puede suponer, automáticamente, el traslado de la posible responsabilidad penal de la sociedad absorbida a la sociedad resultante de la fusión", apunta la entidad en su recurso.

Para el banco, la responsabilidad penal es "personal e intransferible", por lo que trasladar la imputación de Popular a Santander infringiría los principios de personalidad de las penas y culpabilidad recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Santander explica que no pidió desde un primer momento no ser imputada por responsabilidades penales porque el procedimiento nunca se dirigió contra ella. En todo caso, manifiesta que su intención siempre ha sido y será la de colaborar "al máximo" y "sin límite" con la investigación, como demuestra que el banco ha remitido al Juzgado "ingente documentación" sobre el caso.