Santander se pasó de frenada en 2017 con las pérdidas de Popular, según CNMV

El expediente abierto por la CNMV a la cúpula del Banco Popular por falsear las cuentas de 2016 -y que confirma que el banco cayó por problemas de solvencia- también tiene críticas para su comprador, el Santander. El supervisor del mercado considera que la entidad que preside Ana Botín se pasó de frenada en las pérdidas récord de 12.218 millones en el primer semestre de 2017 y que debía haber excluido, por ejemplo, los créditos fiscales del banco intervenido.

Este quebranto histórico se debió sobre todo a la venta de golpe de todos el ladrillo del Popular (unos 30.000 millones de euros) a un vehículo conjunto con Blackstone, lo que obligó a rebajar su valor mediante provisiones por los "descuentos que normalmente se suelen aplicar en ventas aceleradas en un mercado mayorista". Esta fuerte necesidad de saneamientos fue la causa principal de las pérdidas.

No obstante, la CNMV considera que una parte de esas dotaciones no se justifican por dicha operación sino que responden a pérdidas de valor anteriores que debían haber sido reconocidas en las cuentas de 2016 ya que se registraron "en un contexto económico de clara recuperación económica en general y del mercado inmobiliario en particular entre los dos hitos (formulación de cuentas y venta a Blackstone)". Este es uno de los argumentos que le llevan a concluir que los resultados de ese ejercicio no respondían a la realidad. Si se hubieran imputado cuando correspondía, la pérdida del primer semestre de 2017 habría sido inferior.

LOS CRÉDITOS FISCALES NO VALÍAN CERO

Y no se trata solo de los saneamientos del ladrillo. El informe en el que se basa el expediente de la CNMV también alude a los 1.511 millones de créditos fiscales (activos fiscales diferidos) que el Santander llevó a valor cero con la pérdida correspondiente. Estos activos se derivan de las fuertes provisiones dotadas por las entidades durante la crisis y permiten no pagar impuestos por los beneficios futuros. Se dividen entre los que están garantizados por el Estado aunque no haya beneficios futuros y los que no lo están; estos últimos fueron los que amortizó el Santander.

El banco comprador justificó esta medida por "las incertidumbres derivadas de la normativa fiscal aplicable, la ausencia de un plan de negocio del Banco Popular, todavía en fase de definición, o el volumen de las bases imponibles negativas que se mantienen en balance y las limitaciones legales existentes a la compensación anual en el impuesto de sociedades".

Sin embargo, la CNMV encuentra un poco extraña esta respuesta, "pues parece que no habría considerado la capacidad que tendría el Grupo Santander para aprovechar las bases imponibles negativas en una posible integración". Es decir, el Popular en solitario no sabía si iba a tener beneficios futuros suficientes para aprovechar los créditos fiscales, pero parece evidente que el Santander sí los va a tener.

LA CNMV SALVA LA CARA DE PWC

El citado informe también ofrece conclusiones positivas para el auditor del Popular, PwC, cuyo papel está cuestionado como el de Deloitte en la salida a bolsa de Bankia. Para empezar, asegura que fue esta firma la que alertó a la CNMV de las irregularidades en las cuentas de 2016 y que, a raíz de esta alerta, el supervisor pidió a Saracho que las revisara. El último presidente del Popular sostiene que fue él mismo quien denunció la situación.

También salva la cara de PwC en su labor como auditor: "Según informaciones adicionales recibidas por la CNMV, una parte sustancial de este defecto de provisiones corresponde a acreditados que no fueron incluidos en la muestra revisada por el auditor de cuentas (PWC), ni tampoco en la que fue objeto de revisión específica por otra firma de auditoría (EY)".

Es decir, el auditor no pudo detectar las supuestas 'trampas' de las cuentas de 2016 porque se encontraban en activos que no fueron revisados por él (solo se comprueba una muestra en teoría aleatoria porque sería materialmente imposible mirar todo el balance). Un capote para esta firma que puede ser decisivo en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional.