Banco Santander, imputado por la gestión de Ron y Saracho en el Popular

El Banco Santander, imputado en el caso Popular como persona jurídica. Así lo ha decidido el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional al considerar que la entidad presidida por Ana Patricia Botín hereda la responsabilidad de la gestión de Ángel Ron y Emilio Saracho, ambos imputados ya en la causa, al frente del Popular.

El juez José Luis Calama ha expuesto en un breve auto que dirigirá el procedimiento contra Santander, ya que tras comprar el Popular por 1 euro en junio de 2017, la entidad adquirió "en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular Español". Al producirse la adquisición, el Popular dejó de existir desde un punto de vista societario, por lo que la responsabilidad penal pasa al Santander.

Tal y como establece el artículo 130.2 del Código Penal, "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión".

En la causa, además de Ron y Saracho, están imputados otros 33 exconsejeros y exdirectivos del Popular. La Audiencia Nacional investiga su actuación y la responsabilidad de cada uno de ellos en la ampliación de capital que realizó el Popular en 2016 y en la posterior quiebra de la entidad. En concreto, podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que llevaba anteriormente la causa, acordó abrir dos piezas separadas. Por un lado, una relacionada con la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y, por otro, otra en la que investigar la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones "falsas".

Pero no todo quedó ahí. Andreu también admitió la querella de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el propio Banco Popular, incluyendo a los exconsejeros delegados del Popular, Pedro Larena y Roberto Higuera, y al auditor de PwC, Pedro Barrio. La OCU denunciaba que habían distorsionado las cuentas del banco para reflejar "una situación financiera irreal", que beneficiase la ampliación de capital.