Ron rebajó el importe de la ampliación de Popular para no tener que llevarla a junta

Popular debió ampliar capital en mayo de 2016 en un importe mayor a 2.500 millones de euros. El aumento que finalmente lanzó se quedó corto, lo que llevó a poner en riesgo la solvencia del banco en diciembre de 2016, de acuerdo con el informe de los peritos designados en el caso Popular, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que ha sido incorporado ya a la causa penal y al que ha tenido acceso Bolsamanía. La razón por la cual el equipo de Ángel Ron decidió limitar a 2.500 millones el importe emitido es que era el máximo que podía ampliar el consejo de administración sin llevar la decisión a una junta de accionistas.

"Esta mayor ampliación hubiese forzado a consultar la operación con la junta de accionistas, puesto que el consejo de administración solo tenía delegada la aprobación por el 50% del capital social emitido, que es el importe que se decide ampliar", explican los peritos en su informe, en el que concluyen también que la entidad se saltó la normativa contable del Banco de España entre 2014 y 2016 e incluyó previsiones demasiado optimistas en el folleto de la ampliación de capital que lanzó en mayo de ese último ejercicio.

La ampliación de capital que Popular lanzó en 2016 es el tema clave en la investigación que los inspectores han llevado a cabo por orden del juez José Luis Calama Teixeira. El magistrado debe determinar si los gestores incurrieron en un delito de falsedad contable o de estafa a inversores, aunque el proceso aún se encuentra en fase de instrucción.

El importe que el consejo de administración decidió ampliar se situó en 2.505 millones de euros, si bien los peritos concluyen que los miembros del mismo no conocían en profundidad el destino de las provisiones ni las coberturas necesarias de los activos incluidas en el folleto de la ampliación.

La ampliación fue, en opinión de los peritos, diseñada por "un grupo reducido de directivos en un tiempo limitado" y "causó sorpresa en el consejo, entre otros motivos por la falta de tiempo para valorarla".

En todo caso, el importe de la ampliación se quedó corto. "A la vista [de] que la ampliación se destinaba a alcanzar el ratio de cobertura medio y que eran previsibles entradas de activos improductivos (NPA) mayores de las ordinarias por la inspección [del BCE] que estaba en curso y por la aplicación de criterios contables no aplicados en 2014, hubiese sido necesario ampliar en un importe mayor, lo que hubiera evitado la situación de solvencia que se produce a diciembre de 2016".

Eso sí, ampliar por mayor importe habría obligado al consejo de administración a llevar la decisión de lanzarla a la junta de accionistas, que es posible que la hubiera rechazado. El máximo órgano de gestión del banco solamente tenía capacidad para aumentar capital por un máximo de 2.500 millones, que era la mitad del capital social emitido en aquel momento.

DESCONOCIMIENTO

Además, existía entre los consejeros "un desconocimiento detallado de la calidad de la cartera y sus necesidades de provisiones que debieron ser tenidas en cuenta a la hora de valorar la ampliación de capital", apuntan los peritos.

"Esto es especialmente relevante puesto que el objeto de la ampliación era realizar un saneamiento que normalizarían la rentabilidad del banco, permitiendo acelerar la desinversión de activos no productivos, tal como demandaban tanto el mercado como el BCE, pero que originaría pérdidas significativas que deberían ser cubiertas por la ampliación a efectos de la normativa de solvencia", añaden.

Los peritos consideran "discutible" que de mantener un ratio de cobertura del 50%, que se supone que era la intención del banco tras la ampliación, las pérdidas estimadas para el ejercicio serían superiores a 2.700 millones de euros. Para que no tuviesen efecto en la solvencia, se debería haber ampliado el importe de la ampliación de capital.

En el folleto de la ampliación, uno de los factores de incertidumbre que se mencionan es una nueva circular contable del Banco de España que finalmente entró en vigor en octubre de 2016 y que "incorporaba expresamente a la normativa unos criterios similares a los que en 2014 no se atendieron", según los peritos.

SALVAR LA RESPONSABILIDAD

Los peritos subrayan que la necesidad de provisiones extraordinarias que llevó a realizar la ampliación de capital no se cubrió hasta el último trimestre de 2016, aunque debería haberse hecho en cuentas de resultados anteriores. Los peritos achacan esta demora a un intento de los gestores de eludir su responsabilidad por las cuentas anteriores, que no seguían las normas contables del Banco de España.

"Este retraso en el reconocimiento fue una decisión tomada por los directivos y el consejo de administración de la entidad basada aparentemente en salvaguardar la responsabilidad por las cuentas anteriores", explican en su informe pericial.