Rajoynomics: las constructoras se frotan las manos con el cheque de 5.000 millones para carreteras

Tras años de parón de la obra pública en España por la situación económica, el Gobierno anunció el pasado 14 de julio un nuevo plan de carreteras dotado con 5.000 millones de euros con el objetivo que construir y mejorar unos 2.000 kilómetros de vías interurbanas. El proyecto, que se concretará a partir de otoño en cuanto a las obras a realizar y el proceso de licitación para las constructoras, se espera que genere unos 70.000 empleos.

La fórmula elegida para llevar a cabo el ‘gran’ plan de carreteras del Gobierno de Mariano Rajoy, después de que el AVE haya concentrado todos los recursos, es el de las concesiones por disponibilidad. El modelo se basa en la colaboración público-privada: la constructora que se lleva el contrato, paga la infraestructura con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero a cambio se queda la concesión de mantenimiento de la autovía durante un período de 30 años, así el ciudadano no paga peajes y el Estado reparte el gasto durante un largo período.

Anualmente, y según los datos que maneja Fomento, el coste será de unos 350 millones de euros, lo que supone alrededor de una quinta parte del presupuesto que maneja el departamento que dirige Íñigo de la Serna. El Gobierno busca con esta fórmula evitar otro capítulo ‘negro’ en la obra civil española como las autopistas radiales quebradas, los siempre impopulares peajes y no incrementar el déficit de una forma sustancial.

Seopan, la patronal de las grandes constructoras, ve en este modelo ventajas como que el riesgo de construcción se transfiere a la parte privada, por tanto, según explica su presidente Julián Núñez “no va haber desviaciones respecto a lo presupuestado”, y la disponibilidad y calidad de la autovía se asegura con un contrato largo de 30 años para la concesionaria que, a su vez, ha construido la autovía. El Gobierno asume el riesgo de demanda, si se usa poco o mucho por parte de los ciudadanos, y por tanto si es un proyecto eficiente económicamente.

Las constructoras ven en este plan un respiro a sus constreñidas cuentas y a la vuelta al mercado nacional

Sin embargo, la organización que agrupa a los gigantes del sector como Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, FCC, OHL y Grupo San José, ve en este proyecto un primer paso para la recuperación de un sector que ha caído a un 20% de la actividad que tenía en 2007, unos 30.000 millones de euros de diferencia entre la inversión realizada en 2007 y la acometida el pasado año. Seopan apunta en un informe presentado en abril necesidades de obra civil en España por valor de 104.000 millones de euros, 32.000 millones para carreteras.

Además, Julián Núñez también ve necesario inversiones en infraestructuras hidráulicas de cerca de 12.000 millones de euros y 6.500 millones para actuaciones ligadas al medio ambiente, centradas en el tratamiento de residuos municipales, el ferrocarril o la movilidad urbana en redes de metro y vías urbanas. Los datos de Seopan apuntan que España destinó el pasado año un 60% menos respecto a la media que destinaron las cuatro potencias europeas, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Fomento, por su parte, señala en sus últimos datos de mayo sobre licitación de obra pública que se han incrementado un 60%. Por entidades ligada al ministerio, la mayor actividad licitadora en mayo tuvo lugar en Adif con casi 50 millones de euros y un incremento sobre el mismo mes del año anterior del 160,89%.

Cabe recordar que el presupuesto de Fomento para este 2017 ha sufrido un recorte de 627 millones de euros, un 11,6% respecto al gasto proyectado el pasado año. La inversión en obra pública está muy limitada, como años atrás, por el cumplimiento del objetivo de déficit público con Bruselas que para 2017 se sitúa en el 3,1%.

El ministerio que dirige De la Serna cuenta con 8.969 millones de euros para realizar inversiones en obra pública. No obstante, la inversión proyectada para este año arroja un crecimiento del 45% si se le compara con la inversión que realmente ejecutó el Ministerio el pasado ejercicio, que fue de 6.211 millones de euros, debido al parón político y el acuerdo de no disponibilidad de recursos que el Gobierno aprobó a mediados de 2016 que ascendía a 5.000 millones.

Las constructoras ven en este plan un respiro a sus constreñidas cuentas y a la vuelta al mercado nacional que para muchas como ACS o Ferrovial ha quedado en un segundo plano. Casi la mitad de los ingresos de ACS llega de Estados Unidos y Canadá, un tercio del negocio de Ferrovial depende del Reino Unido, para OHL también es muy importante el mercado estadounidense, que representa el 31% de sus ingresos, mientras que Sacyr ha diversificado su cartera de obras entre Italia, Colombia, Chile, Angola o España.

Como consecuencia de esta caída del negocio en España, las grandes constructoras han reducido a la mitad sus plantillas desde el año 2007, un total de 18.000 despidos para adaptarse a la nueva situación. Al concurso de acreedores de Isolux Corsán, que podría dejar a 3.800 trabajadores en la calle, después de haber ejecutado ya el pasado otoño un ERE para 435 empleados, se suman otros procesos recientes como el de OHL, que despidió a 554 personas o el de FCC que afectó a 610 empleados.

Las grandes constructoras han reducido a la mitad sus plantillas desde el año 2007, un total de 18.000 despidos para adaptarse a la nueva situación

Aunque en el sector miran con buenos ojos a este plan, sólo dos de las siete grandes del ‘ladrillo’ en España -Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, FCC, OHL y Grupo San José- ha contestado a las preguntas de Bolsamanía. Fuentes de OHL, la compañía controlada por la familia Villar Mir, han confirmado que optarán al proceso de licitación que se abra en octubre.

Mientras que la constructora que preside Manuel Manrique valora el plan anunciado por el Gobierno "porque reactiva la inversión en obra pública, que contribuirá a mejorar la capacidad y seguridad de nuestras carreteras y generará empleo en un contexto de recuperación económica como el actual. El país necesita mejorar sus infraestructuras y los modelos de colaboración público-privada son la fórmula más adecuada para ello". Sacyr apunta que analizará los proyectos cuando los detalles sean públicos para presentarse a las licitaciones.

El resto parece que también lo intentarán, dado que es un proyecto en el que por las necesidades de financiación y su magnitud sólo pueden acceder a él las grandes del sector, aunque siempre queda la posibilidad de que las medianas constructoras opten mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) u otras formas de agrupación de interés económico.