La instrucción del 'caso Popular' llega a su punto culminante con la declaración de sus últimos presidentes ante el juez José Luis Calama, que va en orden inverso al cronológico: primero Emilio Saracho, y después Ángel Ron. Aunque se investigan numerosos delitos (estafa a inversores, falsedades societarias, falsedad documental, administración desleal, manipulación del mercado y apropiación indebida), al final, como en las novelas policíacas, se trata de encontrar al asesino que provocó la muerte (quiebra) del banco.
PRINCIPALES SOSPECHOSOS:
Ángel Ron: es el que lo tiene más complicado para librarse. Fue el responsable de meter al Popular en la locura del ladrillo (a la que llegó tarde y se quedó con lo peor) y, cuando estalló la burbuja, la ocultó y disimuló. Creó una realidad paralela ficticia para desviar la atención y tratar de ganar tiempo a la espera de que la recuperación económica solucionara el problema. Lo consiguió desde el suspenso en los test de estrés de 2012 hasta 2016, cuando la huida hacia delante llegó a su fin.
La cuestión que debe dilucidar el juez es si esa ocultación y la patada a seguir -que describen con gran detalle los peritos del Banco de EspañaSantiago Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romeo- son o no delito. El clavo ardiendo al que se acogerá el que fuera presidente del Popular entre 20024 y 2016 es que estos peritos dicen que el banco era solvente cuando se resolvió... pero había incumplido la norma contabley tenía un agujero de entre 11.800 y 20.600 millones, nada menos, según Deloitte. Y las crisis de liquidez como la que se lo llevó por delante siempre tienen detrás una crisis de solvencia.
Emilio Saracho: la otra estrategia de defensa de Ron consiste en echar la culpa a Saracho del hundimiento del banco. Para ello, su 'bufete amigo' Cremades se querelló acusando al banquero de inversión de difundir noticias falsas para hacer caer el precio de la acción y poder vender el banco más barato (lo cual no tiene demasiado sentido). Según la versión de Ron, Saracho también es culpable de perjudicar la cotización con sus famosas declaraciones de que el Popular solo podía salvarse con una ampliación o su venta -en eso, algo de razón tiene-, de descartar el proyecto Sunrise para sacar el ladrillo del balance (había sido rechazado por el Banco de España y no tenía compradores por falta de provisiones) y de no aportar las garantías suficientes para conseguir la liquidez que habría salvado al banco; en este punto, hay una grave discrepancia entre el expresidente y el Banco de España.
Es decir, ¿Saracho podía haber hecho algo más? Seguramente sí. Podía haberse callado en la famosa junta de accionistas en que dijo que el banco no era viable en solitario, pero él sostiene que eso habría sido "continuar con la mentira de Ron". ¿Es el culpable de la muerte del Popular? No. Él cogió un enfermo terminal -y probablemente su gran error fue cogerlo- y no fue capaz de curarlo.
Banco Santander: más allá de las teorías conspiranoicas, el Santander hizo lo que debía: defender los intereses de sus accionistas, no los del Popular. Pudo haber comprado el banco en la subasta de Saracho, pero sus cuentas le otorgaban un valor negativo (por el agujero citado), así que prefirió esperar a una resolución que parecía inevitable tarde o temprano y quedárselo por un euro. Tampoco hay que olvidar que tuvo que ampliar capital en 7.000 millones para poder absorber a la entidad.
La Junta Única de Resolución: sin duda, las famosas declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, en no una sino dos entrevistas, diciendo que el Popular estaba bajo estrecha vigilancia contribuyeron decisivamente a la fuga de depósitos que acabó con el Popular. En cuanto a la resolución en sí, aplicó la norma escrupolosísimamente la normativa, dado que era la primera vez que se aplicaba. Sí se le puede reprochar el agravio comparativo con los dos bancos italianos rescatados una semana después. El final del Popular está lleno de estos agravios.
El Gobierno de España: al igual que la JUR, aplicó la norma al pie de la letra y priorizó el que la resolución del banco no costara un euro a los contribuyentes, lo que implicaba que los accionistas y tenedores de deuda subordinada debían perder todo su dinero. Nada que objetar, salvo el agravio comparativo con las cajas de ahorros, que sí fueron rescatadas con 60.000 millones de dinero público.
El Banco de España: este sí tiene bastante más culpa, y no precisamente por la polémica de si Saracho tenía o no suficientes colaterales para obtener liquidez. Su gran responsabilidad reside en haber tolerado la política de ocultación de Ron durante tantos años hasta que fue demasiado tarde. Sus propios peritos reconocen que el supervisor le dio varios toques a los responsables del banco pero estos no le hicieron caso... y los sucesivos gobernadores se lo permitieron.
La CNMV: hay quienes también consideran que debió prohibir las posiciones bajistas (cortas) de los 'hedge funds' que olían la sangre. El organismo emitió un informe en el que, por supuesto, se exculpa y dice que los cortos no hundieron la acción. Prohibir los cortos es limitar el mercado y no debe hacerse salvo en situaciones muy excepcionales, no para salvar a los accionistas. De nuevo, el problema es un agravio, en este caso con Liberbank, donde sí prohibió estas posiciones de forma inexplicable.