Popular inclumplía un requisito de solvencia cuando fue a resolución

Popular cumplía en sus últimos días los requisitos mínimos de solvencia necesarios para recibir las líneas de liquidez de emergencia. No obstante, incumplía un nuevo requisito de capital -denominado directrices de capital de Pilar 2 (P2G)- en ese momento y tenía un agujero de provisiones en sus activos tóxicos de entre 3.000 y 5.000 millones. Así lo indica el Banco Central Europeo (BCE) en un documento confidencial fechado el 5 de junio incluido en el sumario del caso Popular y al que ha tenido acceso Bolsamanía.

La muerte del Popular se produjo por la salida de liquidez, pero detrás había un problema de solvencia. A lo largo de sus últimos días de vida, el banco solicitó al Banco de España varias líneas de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) que en conjunto alcanzaron los 9.500 millones de euros. Al ser la petición de una cantidad superior a 2.000 millones, el supervisor nacional necesitaba la aprobación del BCE para entregar esta liquidez. La autoridad monetaria respondió al Banco de España mediante el citado escrito, en el que daba su visto bueno a la entrega.

El organismo presidido por Mario Draghi señalaba en este documento que Popular cumplía con los requerimientos de capital mínimos de acuerdo con la definición de solvencia incluida en el acuerdo de la ELA, es decir, con el Common Equity Tier 1 (el capital de mayor calidad) y con la ratio de Capital Total a nivel individual y consolidado.

Sin embargo, detallaba también que “el banco no cumple el P2G a 31 de marzo de 2017 (fecha tomada como referencia)”, que era del 10,375%, por encima del requerimiento de CET1, que era del 10,02%. Las directrices de Pilar 2 (P2G) o Pilar 2 recomendado se refieren a las expectativas de capital que tiene sobre una entidad el BCE.

Estas directrices se diferencian de los requerimientos de capital de Pilar 2 (P2R) en que estos últimos son de obligado cumplimiento. No así las P2G, por lo que su incumplimiento no deriva automáticamente en medidas correctoras. Además, las entidades no tienen la obligación de hacer público este requisito, algo con lo que las autoridades buscan obligar a las entidades a su cumplimiento sin que conozca el mercado las situaciones en las que no es así. En todo caso, si lo incumplen deben justificarlo y, en todo caso, el BCE las tiene muy en cuenta.

A juicio del BCE, el Popular necesitaba entre 3.000 y 5.000 millones más para cubrir el déficit de provisiones que presentaban sus créditos morosos y sus inmuebles adjudicados.

A pesar de no alcanzar Popular las directrices, pero al cumplir los requerimientos obligatorios y teniendo en cuenta las provisiones de más que le requerían, el BCE dio el visto bueno a la concesión de una ELA de hasta 9.500 millones de euros, la cantidad solicitada por el banco, que no llegó a materializarse, pues Popular solamente presentó garantías valoradas en 3.900 millones de euros.

PÉRDIDA DE LIQUIDEZ

En su escrito, el BCE señala que Popular había afrontado “significativas” salidas de depósitos en todos sus segmentos de clientes entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2017 que llevaron a un “deterioro severo” tanto de su base de depósitos, que se redujo de 76.700 millones de euros a 11.700 millones, como de su capacidad de liquidez inmediatamente disponible (CBC), que cayó hasta 3.562 millones desde 11.300 millones, lo que supone un descenso del 70%. De hecho, el Popular incumplió los mínimos legales de liquidez ya en mayo.

Este deterioro fue provocado, según el BCE, por el desgaste de la reputación del banco, que se vio penalizada por informaciones de prensa y por el anuncio lanzado por Emilio Saracho en la última junta de accionistas de Popular, celebrada en abril del año pasado, sobre que la entidad estaba abocada a una ampliación de capital o a su venta.

También culpa la autoridad monetaria al impacto de las bajadas de rating y al hecho de que las salidas de depósitos excedían los 500 millones de euros cada día durante semanas, “en un contexto de reducción estable de la financiación con un amortiguador de liquidez limitado”.

“La entidad es incapaz de proveer planes creíbles para revertir las salidas de liquidez y remediar el incumplimiento [de la ratio de liquidez] en el futuro próximo”, añade la autoridad monetaria en su escrito confidencial.