OPINIÓN | MAFO carga contra el Congreso... y contra reservas

Ayer el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), declaró como testigo en el juicio de Bankia. Recordemos brevemente los hechos: MAFO fue elegido gobernador del Banco de España en 2006 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, viniendo de ser, casi sin solución de continuidad, Secretario de Estado de Hacienda.

El caso Bankia es simple de definir: estamos hablando de sacar a bolsa un banco quebrado o, mejor dicho, un conjunto de cajas de ahorro politizadas quebradas. Esta salida a bolsa fue calificada por muchos expertos, entre ellos el ex ministro y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, como una operación de Estado.

Esta cuestión, Bankia y el programa de rescate, la abordamos en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la crisis financiera. Éste era un punto central de la Comisión, pero el único grupo que propuso propuestas y conclusiones sobre Bankia fue Ciudadanos. Finalmente, mi grupo fue el único que votó en contra de las conclusiones por dos razones:

En primer lugar porque no se admitió ningún tipo de responsabilidad de los políticos en la quiebra de las cajas de ahorro. Esto es lógico porque una gran parte de los presidentes y exdirectivos de cajas quebradas eran políticos y expolíticos de primer nivel del PP, el PSOE, Izquierda Unida (actualmente Unidas Podemos) y nacionalistas, algunos de ellos ex vicepresidentes del gobierno con el PP y el PSOE como Rato o Serra, o ex presidentes de Comunidad Autónoma como José Luis Olivas.

Como señalábamos en nuestro voto particular: "No todas las cajas quebraron, pero todas las que quebraron estaban politizadas y habían tenido una gestión lamentable. Y todo, absolutamente todo, el coste del rescate, directo, que computan el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos, y el Fondo Ordenado de Resolución Bancaria (FROB) es atribuible a las Cajas de Ahorro. Las dos aparentes excepciones, Banco Valencia y Banco Gallego, estaban controlados y participados mayoritariamente (66% y 49,84%) por dos cajas, Bancaja y Nova Caixa Galicia. Con estos datos, la única conclusión posible es que el coste del rescate es el coste de una pésima gestión, de la politización, de la falta de profesionalidad de los consejos, de la colonización política de las cajas".

Por supuesto, no esperábamos que MAFO admitiese, respecto de la politización de las cajas, ninguna responsabilidad, aunque él fuese el principal responsable intelectual y político de esta colonización política de las cajas al promover en 1985 como secretario de Estado de Economía la funesta Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA): el inicio de la colonización política de estas entidades financieras por el PP, el PSOE y los nacionalistas.

La segunda razón por la que votamos en contra del dictamen fue porque no se daba a los españoles ninguna explicación sobre la salida a bolsa de un banco quebrado: Bankia. Aquí, en el dictamen no se quiso reconocer, ni siquiera responsabilidades depuradas por sentencia firme como las tarjetas black, votando en contra de la conclusión de Ciudadanos.

Incluso así, hay una conclusión particularmente relevante que sí conseguimos que la Comisión nos aprobase gracias a la abstención del PP, el PSOE y Podemos, o gracias a que ninguno de estos grupos se atrevió a votar en contra, como prefieran. Esta conclusión, que ayer negó MAFO de plano en su testimonio, es la siguiente:

"El Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP contabilizar de forma singular todos el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados."

Ayer MAFO señaló que cargar contra resultados los deterioros, y no contra reservas, hubiese reflejado una "imagen falsa de la entidad", y que en consecuencia cargarlos contra reservas era lo más razonable. De hecho, Fernández Ordóñez llegó a afirmar que el valor patrimonial de Bankia no hubiese cambiado si se hubiese cargado a resultados y no a reservas. Es una respuesta incorrecta, por ser suave. De hecho, lo que le señalé al ex alto cargo socialista el día que compareció en la Comisión de Investigación de la crisis financiera el 7 de noviembre de 2017 creo que era bastante claro:

"El cargo en reservas —que lo tenía que haber determinado la autoridad contable, el ICAC— es contrario a los artículos 36 y 38 del Código de Comercio, y al final, por mucho que usted diga lo contrario, claro que tiene efectos patrimoniales. Si se pagan los cupones de las preferentes y se pagan los bonus de todas las cúpulas, compuestas, por cierto, por ex dirigentes políticos como usted, evidentemente los bancos no tienen la misma situación patrimonial que si ese cargo se hace contra la cuenta de pérdidas y ganancias, como realmente hay que hacerlo. En resumen, esa decisión era trascendental. Fue contraria a la ley, llevó a que todas estas cajas falseasen sus estados contables, llevó a que se cobrase todo el dinero de los bonus, a que se pagasen las preferentes y a la posibilidad —si no, hubiese sido imposible— de que Bankia y Banca Cívica saliesen a bolsa, lo cual también fue un grave error porque al final ese rescate lo hemos pagado todos los españoles".

Creo que entonces no me expliqué bien, dado que MAFO parece que no me entendió, pero sigo pensando que los españoles que acudieron, o pensaron acudir a la Oferta Pública de Suscripción de acciones de Bankia merecían saber si las cajas participantes, ganaban o perdían dinero. Y desde Ciudadanos seguimos pensando que los españoles, que tuvimos que soportar con nuestro patrimonio, nuestros impuestos e incluso nuestros sueños, el coste de la peor crisis económica de la historia de España, merecemos al menos alguna explicación de los responsables del Gobierno y de la supervisión de un sistema financiero que se fue a pique. Seguiremos trabajando para evitar que una historia así se vuelva a repetir.

Francisco de la Torre Díaz. Diputado de Ciudadanos y candidato al Congreso por Madrid. Inspector de Hacienda (SE).