Telefónica debe acabar con sus amistades peligrosas
La detención de Zaplana y los casos de Rato y Urdangarín la ponen en la picota
Telefónica no gana para sustos. La detención de Eduardo Zaplana es el último episodio de ilustres empleados que acaban en el banquillo. Es la consecuencia de una política de 'asilo político' de personajes a los que el Gobierno de turno debía favores y sobre la que Álvarez-Pallete debería reflexionar seriamente.
¿Hay un ministro que se ha quedado colgado de la brocha porque su partido ha perdido las elecciones? A Telefónica. ¿Un exdirector gerente del FMI se ha quedado sin caja de ahorros que presidir porque la han nacionalizado? A Telefónica. ¿Un duque jugador de balonmano necesita financiar un elevado tren de vida? A Telefónica. ¿Hay una ejecutiva de marketing de un gran banco que estorba en el proceso de sucesión en la presidencia? A Telefónica.
Telefónica ha sido durante muchos años -la era de César Alierta- la solución para todos estos 'marrones'. Y la mayoría le han salido rana, como Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarín y, ayer mismo, Eduardo Zaplana, cuya detención no causó ninguna sorpresa en los círculos financieros de la capital de España. Y daba igual que no tuvieran el más mínimo conocimiento del mundo empresarial, del negocio de las telecomunicaciones o de los países donde se supone que asesoraban (la República Checa en el caso de Zaplana).
Esta práctica no tiene un pase. Se explica en los tiempos de Alierta porque él era el primero que debía al Gobierno del PP en general, y a Rodrigo Rato en particular, muchos favores: primero, su nombramiento como presidente de Tabacalera; y cuando estalló el escándalo de información privilegiada de su sobrino (del que fue declarado culpable pero evitó la cárcel al haber prescrito el delito), su ascenso a la poltrona de Telefónica.
Él no podía decir que no a nada de lo que le pidieran, y tuvo que encontrar acomodo a todos estos personajes. Pero su sucesor no tiene estas ataduras ni debe estos favores, así que debería poner fin definitivamente a estos desmanes. Empezó bien: nada más llegar en abril de 2016, suprimió más de 50 contratos que la operadora tenía con este tipo de 'asesores', como José Bono, David Madí, número dos de Artur Mas o el exsindicalista Antonio Gutiérrez.
Pero ahora debe ir más lejos y terminar de una vez por todas con esta herencia envenenada. Los accionistas de Telefónica y la imagen de España como país serio y avanzado se lo agradecerán.