La Asociación Española de Banca considera "injusto" el impuesto a los cajeros en Madrid

Durante la jornada del pasado jueves se conocía la decisión adoptada del Ayuntamiento de Madrid hacia los cajeros que están en las calles de la capital de España. El consistorio ha aprobado una nueva ley que consistirá en cobrar un canon anual por tener instalado la máquina dispensadora. Los precios oscilarán dependiendo del tipo de vía pública y de la zona donde esté situado dicho cajero.

Esta tasa se pondrá en marcha a partir del mes de enero de 2017 y afectará a los 2.084 cajeros que hay en Madrid. El impuesto irá desde los 26,21 euros anuales hasta los 742,22 euros.

La tasa no será la misma para los 2.084 dispositivos con que cuenta Madrid, sino que variará en función de la ubicación del cajero en 9 categorías, desde los 26,21 euros anuales que costará la más barata a los 742,22 de tasa máxima.
Pero Madrid, no es la primera ciudad que tendrá este impuesto. En España existen ya 19 ciudades que cobran una comisión por tener los cajeros en sus calles.

Grandes urbes como Barcelona, Sevilla o Bilbao ya impusieron esta tasa a las entidades bancarias

Grandes urbes como Barcelona, Sevilla o Bilbao ya impusieron esta tasa a las entidades bancarias. Madrid, tampoco será la primera ciudad de la comunidad autónoma de Madrid que implante esta medida. Alcalá de Henares (PSOE), Torrelodones (Vecinos por Torrelodones), Las Rozas (PP), Boadilla (PP) y Pozuelo de Alarcón (PP) aprobaron una ley que obligaba a las sucursales a pagar una cantidad anual.

ALCALÁ DE HENARES, LA CIUDAD QUE MÁ CUESTA TENER UN CAJERO

Las 19 localidades que incluyen la tasa en las ordenanzas fiscales durante este 2016 son Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real, Jaén, Cartagena, Teruel, Illescas, Arrecife, Alcalá de Henares, Bilbao, Málaga, Murcia, Zaragoza, Valencia, Torrelodones, Sevilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Boadilla, según recoge Europa Press.

Alcalá de Henares es la ciudad que más le cuesta a una entidad bancaria tener un cajero en las calles de la urbe madrileña. Los importes que cobra el consistorio oscilan desde los 906 euros hasta los 953. Barcelona se sitúa como la segunda más cara con un impuesto que penden desde los 171 euros hasta los 855 euros por año. Este pódium lo cierra Valencia con un impuesto que va desde los 669 euros hasta los 787 euros.

En Ciudad Real giran alrededor de los 538 y los 215 euros; en Jaén de 640 a 625; en Cartagena de 154 a 37; en Teruel de 495 a 330; en Illescas de 730 a 681 euros; en Arrecife de 500 a 300 euros; en Murcia de 300 a 105 euros; en Palma de Mallorca de 626 a 417 euros; en Sevilla de 1.427 euros a 648.

En Bilbao las cuotas se fijan en función de la categoría fiscal de la calle por un coeficiente fijo para los cajeros e igual a 12 euros, de modo que la tasa oscila entre los 126 y los 4,20 euros. En Málaga la cuota es fija, con 600 euros al año por cajero. También en Torrelodones, establecida en 635 euros y en Zaragoza, de 2.235 euros.

UNA MEDIDA QUE SE REMONTA AL 2009

Este impuesto no pilla de nuevas a las entidades bancarias. En el año 2009, Palma de Mallorca fue pionera en imponer este tipo delegislación. La medida no fue acatada por la CECA y la decisión del consistorio fue llevada a los tribunales.
El Tribunal Supremo (TS) decidía que los consistorios cobrasen a las entidades financieras una tasa por los cajeros automáticos que se sitúan en la vía pública.

El Alto Tribunal desestimaba así el recurso de casación interpuesto por la patronal de cajas, CECA, y confirmaba la legalidad de la ordenanza del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que imponía una cuota anual máxima de los 510 euros al año.

Aunque es demasiado pronto para saber si los bancos van a tomar medidas en la capital española, la AEB (Asociación Española de la Banca) ya se ha posicionado y rechaza por completo la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Madrid. En declaraciones a Bolsamanía, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, explica que “la Asociación está completamente en contra de gravar por algo que se tiene acceso público”. Además, señala que es “no es lógico tener que pagar una cantidad de dinero por ofrecer liquidez inmediata a los clientes”.

Esta medida, según el portavoz, lo único que conseguirá es “encarecer un servicio básico para el cliente financiero”. Al ser cuestionado sobre si se van a tomar medidas y si se va a recurrir este nuevo impuesto, José Luis Martínez Campuzano no ha podido responder a estas preguntas debido a que todavía es pronto para saberlo.

Este medio también se ha puesto en contacto con BBVA, Bankinter, Banco Santander y Banco Popular y tampoco quieren realizar ningún tipo de comentario al respecto debido al “poco tiempo que hace que se conoce el impuesto y se tienen que valorar las posibles acciones”.