El juez de Villarejo espera a ver si Torres inculpa a FG antes de fijar cautelares

Francisco González se presentó el lunes ante el juez, respondió a sus preguntas y abandonó la Audiencia Nacional sin cautelares que pesen sobre su libertad. Manuel García Castellón, magistrado instructor de la causa que investiga la relación entre BBVA y el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, podrá confrontar esta semana la versión del expresidente de BBVA con la del equipo gestor del banco, liderado ahora por Carlos Torres, pues el banco está citado a declarar como persona jurídica el miércoles y lo hará a través de su director de Servicios Jurídicos, Adolfo Fraguas.

González, expresidente de BBVA desde hace casi un año, cree que no tiene nada que esconder y respondió el lunes a las preguntas del instructor de la causa que investiga los trabajos de Grupo Cenyt (Villarejo) y, entre ellos, sus contrataciones por parte de BBVA. A su salida de la declaración, dejó claro que estaba deseando declarar ante el juez y defendió el comportamiento “íntegro y ejemplar” de los directivos de la entidad, a la que también protegió al afirmar que es “una gran institución internacional enormemente respetada” que “presta servicios relevantes a la sociedad".

Escuchadas sus explicaciones, el juez decidió no tomar medidas cautelares contra el expresidente de BBVA. Tras la declaración, se convierte en prácticamente el único que ha decidido responder a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción, pues solamente comparte esa condición con él Antonio Béjar, quien fuera presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa adjudicataria de la Operación Chamartín, y al que BBVA retiró del cargo tras su segunda declaración ante el juez.

El directivo fue imputado y llamado a declarar junto a Ángel Cano (ex consejero delegado), Julio Corrochano (exresponsable de Seguridad) y otros directivos a principios del pasado mes de julio y ya entonces fue el único de la larga lista de imputados que decidió someterse a un interrogatorio.

Lo hizo para reconocer que había trabajado con Grupo Cenyt con la intención de localizar créditos morosos, una práctica habitual en los departamentos de Recuperaciones de los bancos, pero que no conocía a Villarejo.

No obstante, tras publicarse que DCN destruyó discos duros presuntamente relacionados con Grupo Cenyt, el exdirectivo tuvo que volver a hablar con el juez en dos ocasiones más, a las que siguieron más colaboraciones con la Justicia.

Tras una de ellas, la Fiscalía pidió una fianza de medio millón de euros para él, pero la retiró días después. Béjar, tras su salida de DCN, se reincorporó a BBVA, si bien la entidad decidió el pasado mes de septiembre deshacerse definitivamente del directivo a raíz de algunos hallazgos de la investigación forensic que el banco encargó a Garrigues y Uría. Fue tras escuchar a Béjar en varias ocasiones cuando la Fiscalía decidió pedir la imputación de González.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario, razón por la cual todas las partes implicadas se muestran muy discretas, y se reactivó la semana pasada una vez que la Fiscalía Anticorrupción decidió pedir la imputación de González, a lo que el magistrado accedió tan solo un día después. La citación fue para este lunes y ya desde entonces se daba por hecho que González no tendría problema en responder a las preguntas de los fiscales y el juez.

LA VERSIÓN DEL BANCO

En este caso, quien tiene mucho que decir es el banco y la oportunidad de hacerlo le llegará este miércoles, cuando Adolfo Fraguas, director de Servicios Jurídicos de BBVA, se presente ante el juez, previsiblemente con la intención de responder a sus cuestiones.

Así, el magistrado, que no decretó cautelares contra el expresidente de BBVA, prefiere esperar a escuchar la versión del banco que ahora dirige Carlos Torres. En su mano está “'matar al padre', desvincularse de González y echarle la culpa de todo, o cerrar filas con él a muerte y caer con él si González cae", como explica una fuente conocedora de la situación.

Sin embargo, en la ecuación entran en juego otros dos factores: Juan Asúa y Eduardo Arbizu, llamados a declarar este martes. El primero aún sigue formando parte del banco y, de hecho, es uno de los directivos más cercanos a Torres gracias a su cargo de asesor a la presidencia, que ostenta desde el año pasado.

Asúa es un histórico de BBVA, donde ha pasado los últimos 23 años de una carrera que inició en el mundo de la ingeniería. En el banco, ha sido máximo responsable de banca corporativa. El directivo podría declarar o sumarse a la larga lista de imputados, algunos actuales empleados del banco, que han decidido esperar a que el secreto de sumario se levante para dar explicaciones ante el juez.

Arbizu, por su parte, no se verá obligado a seguir la línea del banco, dado que ya no pertenece a su plantilla. El banco le sustituyó en su cargo de responsable de Regulación y Control Interno, al que llegó tras ser durante los últimos años el máximo responsable de Compliance del grupo, el área que se encarga de garantizar el correcto cumplimiento de la legislación. Lo hizo, precisamente, al día siguiente de su imputación como persona jurídica. Además, se presentarán ante el juez el que fuera responsable de Riesgos del banco, Manuel Castro, y los exresponsables de los servicios jurídicos de BBVA José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega. Unas declaraciones que podrían dar un giro al caso.