IFM ve en la decisión de CriteriaCaixa una "muy buena noticia" para Naturgy
CriteriaCaixa ha acordado reforzar su presencia en el capital social de Naturgy, situada en el 24,8%
Actualizado : 18:38
El fondo australiano IFM considera "una muy buena noticia" para Naturgy la decisión de CriteriaCaixa de reforzar su posición en el capital social de la energética.
Fuentes cercanas al fondo indicaron a Europa Press que la decisión de CriteriaCaixa confirma que el 'holding' de la entidad catalana "es un inversor a largo plazo, como IFM".
Antes de la pasada Junta General de accionistas, IFM ya trasladó a Naturgy sus intenciones de que la compañía, si la oferta tenía éxito, seguiría cotizando en Bolsa, así como de que la sede social del grupo se mantendría en España.
Asimismo, también reiteró su vocación de permanencia como accionista de largo plazo, además de su intención de contar con representación en el consejo de administración.
IFM trasladó también al grupo energético su apoyo en la transición energética y a las inversiones necesarias, así como su respaldo a una política de dividendos sostenible.
CRITERIA REFUERZA SU PRESENCIA CON ASPIRACIONES DE LLEGAR AL 30%
CriteriaCaixa ha acordado reforzar su presencia en el capital social de Naturgy, que actualmente se sitúa en el 24,8% tras las últimas adquisiciones realizadas y cuyo valor de mercado asciende a más de 5.000 millones de euros, sin llegar a sobrepasar el 30% del accionariado, nivel a partir del cual la legislación obliga a formular una OPA. Este acuerdo fue ratificado por la Comisión Ejecutiva de la Fundación Bancaria "la Caixa", informó la sociedad holding.
La decisión de Criteria de reforzar su posición en Naturgy se produce en plena OPA parcial del gestor de fondos australiano IFM Global Infrastructure Fund para hacerse con hasta el 22,69% de la energética, por lo que se deduce su no disposición a acudir a esta oferta.
Noticia relacionada
CriteriaCaixa reforzará su presencia en el capital de Naturgy, inmersa en plena OPACriteriaCaixa considera que su decisión "es coherente con la gestión eficiente y prudente de su portafolio de inversiones", focalizado en compañías en las que obtiene un flujo estable y a largo plazo de dividendos que le permiten garantizar la Obra Social de la Fundación "la Caixa".
La decisión de CriteriaCaixa de mantenerse en el capital "confirma su voluntad de continuar como el accionista español de referencia de Naturgy" y como tal defender sus intereses con la finalidad de contribuir a mantener la empresa cotizada en España (asegurando liquidez a todos sus accionistas).
También quiere asegurar un Plan Industrial de la compañía dotando a la misma de suficiente tiempo para su ejecución y priorizando la inversión productiva; mantener la seguridad de suministro energético a España y evitar ventas de negocios de Naturgy sin asegurar su reinversión.
El refuerzo de la posición en Naturgy se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de la CNMV sin que, en ningún caso, se sobrepase el umbral legalmente fijado para formular una OPA (30%).
MÁS DE UN 70% DEL CAPITAL EN MANOS DE CRITERIA, FONDOS Y SONATRACH
CriteriaCaixa, que según ha comunicado a la CNMV ya ha comenzado con ese incremento de posiciones en Naturgy tras hacerse con casi 300.000 acciones para elevar su participación hasta ese 24,82% del capital, es el primer accionista de la energética, seguido de los fondos GIP (20,6%) y CVC, con el grupo March, (20,7%) y de la estatal argelina Sonatrach (4,1%).
El resto del capital de Naturgy está en manos de inversores institucionales (22%), entre los que figuran Norges Bank (1,143%) y pequeños inversores (7,7%). La compañía cuenta con alrededor de 74.000 accionistas.
De esta manera, la OPA de IFM, vinculada a alcanzar un mínimo del 17%, vería como ya más de un 70% del capital de la energética, los dos fondos más CriteriaCaixa y Sonatrach, no acudirían a la oferta.
La operación, además del visto bueno de la CNMV, debe contar con la autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico, como es el de la energía.