IAG puede forzar a sus accionistas no europeos a vender en 10 días por el Brexit

A dos meses del Brexit, la incertidumbre sobre ese ‘día de después’ en la Unión Europea está sacudiendo el sector aéreo. El tema es especialmente importante para España ya que Iberia y Vueling se exponen a perder sus derechos de vuelo si IAG pasa a estar controlada por una mayoría de accionistas no europeos.

El grupo que preside Antonio Vázquez lleva semanas enrocado en su postura oficial: cuando llegue el Brexit “cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control”. El propio Vázquez indicó que IAG cuenta con “un plan de contingencia”, indicó Financial Times hace unos días, pero aún no han indicado en qué consistiría.

El as que IAG guarda en la manga para mantener la entereza en medio de estas turbulencias puede ser su propio estatuto social: la posibilidad de forzar a los accionistas no europeos a vender sus títulos en un plazo de 10 días si consideran que los derechos de explotación están en peligro.

El estatuto recoge una serie de mecanismos que el consejo de administración podrá adoptar si tiene que “proteger un derecho de explotación de la sociedad o de una sociedad operadora”: desde la suspensión de los derechos políticos del accionista -como el de voto-, a obligar a vender la participación para que ninguna persona “no UE” tenga la titularidad directa ni indirecta de dichas acciones.

El documento es muy concreto. Si el consejo considera que debido al número de acciones en manos de ciudadanos no europeos se puede “producir, preverse o ser inminente” una situación que conlleve la “la denegación, suspensión o revocación” de los derechos de explotación, podrá tomar estas medidas.

Además, el mecanismo de blindaje ante los accionistas no europeos establece que si en el plazo de diez días -o en el que el consejo pida enajenar esos títulos al accionista- IAG no tiene certeza de la venta de esos títulos, podrá adquirirlos “para su ulterior amortización, en su caso” de acuerdo con la legislación aplicable.

Este plan requiere, eso sí, la comunicación pertinente tanto al accionista cuyas acciones están en duda como a los reguladores del mercado y a las autoridades de Aviación Civil, por lo que IAG aún no habría activado este potencial salvavidas.

DUDAS SOBRE LA 'ESPAÑOLIDAD'

Las dudas sobre la españolidad de Iberia y Vueling derivan del alambicado reparto accionarial en IAG. El holding creado tras la fusión de British Airways e Iberia tiene sede social y fiscal en Madrid y cuenta con otra sede en Londres.

La normativa marca que más de la mitad de la propiedad de una aerolínea tiene que estar en manos europeas para poder operar. La clave está en que, con Reino Unido fuera de la UE, IAG tiene complicado cumplir ese porcentaje.

Solo entre los dos principales accionistas de IAG, Qatar Airways y Capital Group, suman casi un 35% del capital, y tres minoritarios relevantes -Blackrock, Standard Life Aberdeen e Invesco-, tienen alrededor de un 10,5%.

En el caso de Iberia, el argumento es que si bien IAG ostenta el 86% de los derechos financieros sobre la aerolínea, el 50,01% de los derechos de decisión los controla la firma Garanair, propiedad al 100% de El Corte Inglés.

Desde el Gobierno español han cerrado filas con la españolidad de las aerolíneas, aunque en Bruselas no gustó demasiado el enfoque nacional y pidió más información. Por el momento, Fomento habría pedido una prórroga para responder a la petición de información dado lo complejo de la situación, como indicaba El Confidencial, y desde Bruselas se lo plantean, siempre que sirva para que se cumpla la normativa.

PLAN DE CONTINGENCIA EN ESPAÑA

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se reúne este miércoles con los partidos de la oposición para analizar la evolución del conflicto con Reino Unido antes de explicar esto mismo en el Congreso dentro de una semana.

El Ejecutivo ya adelantó que sacará adelante el mes que viene un plan de contingencia para paliar un posible ‘Brexit duro’ y ofrecer a las empresas ayuda para que estén preparadas. Entre las medidas se incluirá también al sector aéreo.

Desde el sector turístico ya han advertido de que el país no puede permitirse poner en juego los 18 millones de turistas británicos que visitan destinos españoles cada año, un 20% del total, y algunos se preparan ya para lo que pueda pasar.