El Gobierno hunde aún más a Sareb obligándole a abaratar los alquileres

La Sareb, el banco malo, también tendrá que arrimar el hombro para ayudar a las familias más vulnerables. El Gobierno le ha incluido entre las compañías que tendrán que aplicar una moratoria o la reducción del 50% del alquiler para aquellos inquilinos que se encuentren en dificultades económicas debido a la crisis del coronavirus. Esto complica aún más su situación después de requerir un cambio de la normativa contable a su medida para no reponer su capital sin entrar en causa de disolución.

El coste burocrático que supondrá renegociar los contratos se sumará a los problemas con el déficit de capital, que le obligarían a tener que volver a transformar deuda subordinada en capital de no ser por la citada excepción. La situación financiera ya es bastante complicada, como demuestra el aumento del 7,85% en las pérdidas que registró durante el año pasado hasta 947 millones de euros. Y si ahora tiene que abaratar los alquileres a la mitad o aplicar moratorias, reducirá sus ingresos de 2020, dejando aún más tocadas las cuentas.

El artículo 4 del Real Decreto 11/2020 aprobado este martes establece que el arrendatario podrá solicitar estas medidas cuando su casero sea "una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor". La Sareb se considera semipública, con un 45% de su capital participado por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y también un gran tenedor de vivienda al contar con unos 3.000 pisos en alquiler.

Será el banco malo quien elija entre la moratoria o la reducción del alquiler, comunicando su decisión en un plazo máximo de 7 días laborales desde que el inquilino lo haya solicitado. En cualquier caso, ambas medidas se prolongarán durante el tiempo que dure el estado de alarma, con la posibilidad de ampliarse hasta cuatro meses si se mantiene la situación de vulnerabilidad. En el caso de las moratorias, se devolverán las cantidades aplazadas sin ningún tipo de interés en los siguientes tres años.

Sareb es una de las compañías con más pisos en España, junto con otras entidades privadas como Blackstone, que tiene 20.000 activos, y el grupo Azora, que cuenta con 7.000. El Real Decreto incluye entre los "grandes tenedores" de vivienda a las entidades con más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Por lo tanto, también tendrán que favorecer a sus inquilinos más vulnerables. Igual que el IVIMA y las empresas municipales de vivienda de muchas ciudades, al ser de titularidad pública.

OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

El Consejo de Ministros también aprobó este martes la suspensión de los desahucios hasta que pasen seis meses desde el fin del estado de alarma. Como explicó el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, la intención es que "nadie se quede sin casa durante la crisis". Por ello, además ha decretado una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de alquiler que finalicen durante este período.

Aquellas personas que caigan en una situación de vulnerabilidad también tiene la opción de acogerse a un microcrédito que dará el Estado sin ningún tipo de interés y que se podrá devolver en un plazo de 6 años, ampliable a 10 en caso de que se mantengan las dificultades.

En el Real Decreto se establece que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica cuando se encuentre en el paro, se haya visto afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o una reducción de jornada causada por el coronavirus. También aquellos autónomos que hayan visto reducido sus ingresos reducidos debido a la paralización de su actividad económica por esta pandemia.