Facua denuncia la subida de cinco euros mesnsuales de 'Movistar Fusión'
La organización considera el incremento tarifario 'ilegal'
La organización de consumidores Facua ha denunciado a Telefónica ante las autoridades de consumo y telecomunicaciones, debido a la subida de cinco euros mensuales de 'Movistar Fusión' del próximo 5 de mayo. La agrupación considera que es una actividad "fraudulenta". Advierte que el incrememto es "ilegal" debido a que aseguró desde su lanzamiento que serían precios "finales y para siempre".
Según ha informado la agencia de noticias Europa Press, dichas denuncias se han remitido a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria y la Dirección General de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, donde la empresa Telefónica tiene su sede social.
Facua, que estudia llevar a Telefónica a los tribunales, ha presentado estas primeras denuncias ante las autoridades competentes debido a que no han recibido respuesta de la compañía al requerimiento que le envió el pasado martes para que anulase la subida de precio en su servicio.
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El denunciante ha solicitado a las administraciones que insten a la multinacional española a parar la subida en sus ofertas integradas de servicios de telefonía fija, móvil, televisión e internet en casa. Por el contrario, en el caso de que la compañía no lo hiciera, se ha pedido la aplicación de multas "proporcionales" a los beneficios que obtendrá con dicho incremento tarifario, que podrían suponer, según informa Europa Press, de más de 220 millones anuales.
La asociación argumenta que con esta acción, la empresa Telefónica incurriría en la aplicación de cláusulas abusivas, publicidad engañosa y el incumplimiento de obligaciones contractuales, vulnerando así la Ley General de Publicidad, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.
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