Ence sigue su particular calvario bursátil y marca un nuevo mínimo anual

Ence ha sido de nuevo el peor valor del Ibex este miércoles. La compañía se ha dejado un 4,11% y ha marcado nuevos mínimos anuales intradía en los 3,728 euros. La papelera no logra levantar cabeza por mucho que los analistas fundamentales le den su apoyo. Como les venimos contando, ninguno de ellos recomienda vender actualmente, según FactSet, mientras que varios han mejorado recomendación o iniciado su cobertura recientemente con un consejo positivo.

Renta 4 y Sabadell anunciaban recientemente un inicio de cobertura (con sobreponderar) y una mejora (hasta comprar) sobre Ence, respectivamente. Para los analistas de la firma de inversión, Ence ha descontado sobradamente el peor escenario posible respecto a la situación que está viviendo con la concesión de su planta de Pontevedra.

"Ence constituye un valor con buenas perspectivas de crecimiento y creación de valor, tanto en el negocio de celulosa como de producción renovable, que se ha visto excesivamente penalizado por la incertidumbre jurídica y la caída de los precios de la celulosa. Pensamos que ya ha cotizado el peor escenario posible, y el más probable conlleva una importante revalorización", explicaban la semana pasada desde Renta 4.

En cuanto a Sabadell, creen que habrá prórroga en la concesión de Pontevedra hasta 2033 y consideran que la compañía tiene potencial tras los fuertes descensos registrados en el año (-30%) y dado que ha descontado ya ese peor escenario posible.

Pese a todas estas recomendaciones, Ence sigue cayendo principalmente por todo lo ocurrido en Pontevedra. En 2016, bajo el Gobierno popular, la papelera obtuvo una prórroga de la concesión de los terrenos en la ría de Pontevedra en que se ubica su planta. Ese plazo adicional extendía el permiso concedido en 1958 en otros 60 años, hasta 2076. Pero la prórroga no gustó ni al Ayuntamiento pontevedrés ni a otros actores sociales como la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace, y la papelera enfrenta desde entonces varios recursos en contra de la actividad de su biofábrica y del daño medioambiental que causa.

A mediados de marzo, la situación dio un giro de 180 grados. La Abogacía del Estado adoptó un "inesperado cambio de criterio" -como lo definió Ence entonces-, y optó por allanarse en uno de los procesos abiertos ante la Audiencia Nacional, evitando defender como había hecho hasta la fecha que la concesión de la prórroga era legal. A mediados de abril, la Audiencia decidió seguir con el proceso iniciado por el Concello de Pontevedra pese al allanamiento del Estado, decisión que Ence valoró de forma positiva dado que supone que la compañía pueda seguir exponiendo sus argumentos y defendiendo su postura.

La papelera ha transmitido al mercado su intención de pelear, hasta la última instancia judicial posible, por la concesión en Pontevedra. Aun así, ya ha calculado que, el peor escenario -si no hay éxito en tribunales y hay que echar el cierre a la planta-, le costaría 185 millones de euros. Pero ese escenario está aun lejos ya que consideran que podrán operar la planta, al menos, hasta 2033 y aprovechar el tiempo para reorganizar el negocio y mitigar el golpe.