Las empresas y el mercado respiran con el Gobierno: "Podía haber sido mucho peor"

A pesar de las protestas oficiales de la CEOE y de firmas individuales -ça va de soi-, el mundo financiero y empresarial ha respirado aliviado con el programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, según confirman diferentes fuentes. "Mucha gente se temía medidas más duras, y lo que han anunciado no es para tanto, así que bien", señala una de ellas. Otra añade que "esto da seguridad y estabilidad porque ya sabemos todos a qué atenernos". La prueba de este alivio es la fuerte subida bursátil con que comenzó el año este jueves.

Las fuentes consultadas coinciden en que los inversores y las empresas cotizadas esperaban medidas fiscales más duras de las finalmente adoptadas -se rebajan las que se incluían en el proyecto de Presupuestos de 2018 que no fue aprobado-. La única que consideran que sí tendrá impacto es la referida a las sicav, pero estaba más que descontada. Y el mayor impacto negativo se producirá sobre el déficit público y sobre la Seguridad Social, no sobre las compañías.

Para empezar, la subida del tipo mínimo efectivo para grandes empresas se queda solo en el 15% y la de los bancos y productoras de hidrocarburos, en el 18%, por debajo del 20% que el PSOE negoció con Podemos, tal como adelantó Bolsamanía. Un porcentaje que prácticamente superan casi todos los afectados, por lo que es posible que en algunos casos incluso rebajen su factura fiscal.

Además, a cambio de este mínimo para las entidades financieras, Pedro Sánchez de ha olvidado del impuesto a los depósitos que preconizaba el PSOE y del "impuesto de solidaridad" al sector con el que Iglesias pretendía devolver a las arcas públicas el dinero del rescate de 2012. Miel sobre hojuelas. Así, no es de extrañar que ayer los bancos españoles se pusieran a la cabeza de las subidas del sector en Europa por primera vez en mucho tiempo.

LA TASA A LOS BENEFICIOS EN EL EXTRANJERO NO ES PARA TANTO

En segundo lugar, se grava el 5% de los dividendos obtenidos por las empresas en el extranjero, una de las pocas medidas con capacidad recaudatoria real, de entre 900 y 1.000 millones, según los expertos. Hasta ahora, los dividendos y plusvalías generadas fuera estaban exentos de tributación en España. Los convenios de doble imposición firmados con otros países y la propia legislación europea amparan a las compañías, que tributan por estas rentas en los países de origen. Ahora el programa de Gobierno incluye limitar esa exención al 95%. Es decir, gravar el 5% de los dividendos y las plusvalías que se traigan de fuera.

En la práctica, esto viene a encarecer en torno al 1% la tributación de las compañías en esta situación: el 20% de ese 5% (o menos incluso, si el tipo efectivo de Sociedades baja al 18% o al 15%). Una subida que hace que no merezca la pena dejar de repatriar el beneficio obtenido en el extranjero y que no distorsiona la competencia. "No es de lo más agresivo que podían hacer, así que el sector está bastante contento", según otra de las fuentes. Por otro lado, existe base para que los afectados recurran esta medida por inconstitucional, según los entendidos en la materia.

LAS NUEVAS TASAS TAMPOCO PREOCUPAN

En tercer lugar, están las nuevas tasas, que de momento se quedan en dos (se cae la del diésel): Tobin y Google. La primera afecta básicamente a BME y a los pequeños inversores, porque "los grandes que quieren tomar una posición importante en una empresa española lo van a hacer con tasa o sin tasa; están acostumbrados a pagar el 'stamp duty' en Londres", según un gestor de fondos. Y en cuanto a la tasa Google, es bien sabida la ausencia de empresas tecnológicas cotizadas en España, y las extranjeras "encontrarán vías para esquivarla o minimizarla mientras no se imponga a escala europea".

Más grave será el traspaso de la inspección de las sicav a Hacienda y ya imposición de un tope al porcentaje que puede tener un solo accionista en el capital, pero la banca privada lleva mucho tiempo preparándose para este momento y tiene un abanico de alternativas preparado.

Respecto a las populares socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria), el nuevo Ejecutivo les obligará a tributar un 15% del beneficio no distribuido. Pero tampoco es el fin del mundo, ya que deben repartir como dividendo al menos 80% de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler y el 50% de las ganancias por ventas de activos.

LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL, LO MÁS GRAVE

"Lo que sí preocupa a las empresas es la cuestión laboral", señala otra de las fuentes. Se refiere, en primer lugar, a la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 para volver a reducir la flexibilidad del mercado mediante una serie de obligaciónes y limitaciones que perjudicarán la contratación y fomentarán la economía sumergida. Otro tanto cabe decir de la subida del salario mínimo.

"Todo ello se traducirá al final en un importante incremento de los costes laborales de las empresas y los bancos, en un momento en que la baja rentabilidad y la competencia internacional obligan a la reducción de los mismos. Una paradoja que va a crear muchos quebraderos de cabeza a las compañías y que seguramente se va a traducir en muchos despidos", concluye.