El empresariado catalán se parte en dos ante un nuevo 155

Pablo Casado y Albert Rivera han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que corte por lo sano la renovada tensión que se vive en Cataluña por las proclamas del president de la Generalitat, Quim Torra, contra el Estado y las fuerzas policiales. Y que lo haga con una nueva y mejorada aplicación del artículo 155 de la Constitución, una solución ante la que los empresarios catalanes guardan silencio o se hallan completamente divididos.

Los presidentes del PP y de Ciudadanos han instado a Sánchez a que tome cartas en el asunto, y de forma rápida, ante el llamamiento de Torra de “atacar” al Estado. Otros dirigentes populares, como la portavoz del partido en el Congreso, Dolors Montserrat, también se han sumado a la petición de que el Ejecutivo active el mecanismo para volver a intervenir el Govern catalán y han recordado al dirigente socialista que cuenta con la mayoría del PP en el Senado para sacar adelante la propuesta. Un atajo rápido que evitaría un nuevo “calentamiento social ante fechas muy complicadas como el 11 de septiembre, el 1 de octubre o el 9 de noviembre”, señala Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya.

Es una de las voces del tejido productivo catalán que, en declaraciones a 'Bolsamanía', rápidamente se ha posicionado a favor de que se tome esta medida. Desde otras entidades guardan silencio o aducen que no hacen “valoraciones políticas” cuando han sido interpeladas por este medio. Pero las posturas son de sobras conocidas.

Pimec, CECOT y otras patronales se alinearon con el referéndum independentista del año pasado. Foment del Treball, más atemperado, se mostró muy crítico con la etapa de control estatal de los departamentos del Govern catalán y, después de las elecciones del 21-D, su presidente, Joaquim Gay de Montella, declaró su preferencia por un Govern unionista.

El Círculo de Economía o la Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT), celebraron el deshielo y las negociaciones que se iniciaron en julio con el nuevo Ejecutivo socialista, y que proseguirán en otoño, cuando Sánchez y Torra tienen previsto volver a reunirse. El lobby empresarial fue más allá cuando, antes de su reunión anual en Sitges (Barcelona), publicó un manifiesto en el que exhortaba a las administraciones central y catalana a asumir una serie de compromisos para acabar con el conflicto, que pasaban por dotar a Cataluña de más autogobierno y de elevar el Estatut a rango constitucional.

Pero Torra no está por la labor de negociar dentro del marco de la Constitución, la condición ‘sine qua non’ del Gobierno de Sánchez, que está dispuesto a hacer concesiones y hasta de estudiar una reforma de la Carta Magna pero siempre dentro de la legalidad vigente. El objetivo de los soberanistas, en cambio, es el de implementar la república catalana, por lo que Bou insiste en que desde la Generalitat se ha elegido un “camino equivocado que muestra que no hay voluntad de solución” por parte del Ejecutivo de Torra, a quienes califica de “activistas” más que de políticos.

“Retirar el 155 fue un error”, critica Empresaris de Cataluña, que propone volver a aplicarlo “por completo y sin fecha de finalización”

UN 155 ‘SINE DIE’, PARA UNOS…

Por lo tanto, para el presidente de Empresaris de Catalunya, el clima actual sigue siendo negativo para la economía catalana y augura que “si no se adoptan medidas drásticas ahora, empeorará más tarde”, desembocando en una situación similar a la de octubre del año pasado, cuando más de 4.000 empresas abandonaron la comunidad y hubo una huída de depósitos bancarios de 30.000 millones de euros.

Según Bou, hay sobrados motivos para que el Gobierno “coja la Constitución y la aplique de forma escrupulosa”. Es decir, que decrete una nueva intervención del Govern catalán, pero que sea completa y que afecte a todos los departamentos. Por ello, pone en valor la actuación anterior que, desde finales de octubre de 2017 y durante los seis meses posteriores, frenó la salida de empresas de la región y de capitales de los bancos.

La única crítica del dueño de las panaderías Bou es la duración del 155. “Retirarlo fue un error”, enfatiza, por lo tanto, su solución es la de invocar el artículo constitucional “por completo y sin fecha de finalización”. De hecho, cree que “debe prolongarse durante el tiempo que haga falta antes de convocar elecciones”, para contrarrestar los efectos de “tantos años de líderes soberanistas”.

Como última medida, propone Empresaris de Catalunya “que se proceda como en el Ulster y se suspenda la autonomía” de la región. "Sólo cuando se gobierno bien y en un entorno de seguridad jurídica y de estabilidad volverán las empresas", redondea.

… QUE ES UNA ANOMALÍA PARA OTROS

Sin llegar a tales extremos, el decano del Col·legi de Politòlegs i Sociales de Catalunya, Jordi Pacheco i Canals, explica que en el marco actual de “ruptura del pacto constitucional” es posible que se vuelva al 155 en los términos que proponen los partidos unionistas y parte del empresariado de la comunidad. Pero recuerda el politólogo que se necesita el “poco probable” impulso de Pedro Sánchez, quien ya ha manifestado que la vía para resolver el conflicto es el diálogo.

Además, desde otras patronales se carga contra las consecuencias de los meses de control estatal de las consellerias. Gay de Montellà llegó a denunciar que la patronal no notó “prácticamente ninguna acción” del Departamento de Empresa. "El día a día de las compañías funciona, se trabaja, pero no hay planes ni programas ni acuerdos y no se generan movimientos", explicó el presidente de Foment.

CECOT, por su parte, señaló, tras el nombramiento de Torra, que la aplicación del artículo 155 “no tiene ninguna razón de ser” si se forma Gobierno y pidió “normalizar” y “pacificar” la política. Porque “es lo que la economía, las empresas y la sociedad en conjunto necesitan”, aseguró el presidente de la patronal vallesana.

Sin datos objetivos en la mano para valorar los efectos del 155, tanto la patronal como el Colegio de Politólogos creen que la intervención de la autonomía es una “anomalía” y califican de “poco realista” que se repita. La Generalitat, por su parte, prepara para el mes de octure un primer informe sobre "el impacto" que ha tenido en la administración catalana la aplicación del artículo de la Constitución.