El Gobierno, contra los afectados por el Popular: deniega sus peticiones y recurre contra ellos en los tribunales

El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dependiente de Economía, ha rechazado 114 recursos de afectados por la resolución del Banco Popular. Y no solo eso, sino que ha recurrido ante los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a revelar documentos confidenciales relativos a esta decisión.

La memoria de 2017 del fondo público de rescate bancario reconoce que "se interpusieron frente a la referida Resolución de 7 de junio un total de 114 recursos potestativos de reposición, de los cuales ninguno ha prosperado siendo todos ellos objeto de inadmisión o desestimación por parte de la Comisión Rectora del FROB". Todos estos recursos solicitaban la anulación de la resolución del Popular y la consiguiente devolución del dinero perdido a accionistas y titulares de subordinada.

Este rechazo masivo por parte del FROB es lógico puesto que aceptar estos recursos equivaldría a aceptar que la intervención del Popular no se ajustó a derecho, cuando se trató de la primera aplicación del nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR) bancaria de la UE. Pero muchos abogados de los afectados recurrieron inicialmente ante el FROB para poder acudir después de los tribunales y que estos no les reprocharan no haber intentado la vía administrativa.

En este sentido, la memoria del fondo da cuenta de que 259 afectados han interpuesto recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional. Como es sabido, este tribunal ha decidido suspender la tramitación de todos ellos hasta que el Tribunal General de la UE se pronuncie sobre los recursos presentados a nivel comunitario contra la decisión de la JUR.

NEGATIVAS Y RECURSOS PARA NO DAR INFORMACIÓN

El FROB también rechazó 63 solicitudes de acceso a información. Esta negativa es consecuencia de la política de opacidad impuesta por la JUR sobre el Popular: solo ha publicado versiones censuradas del informe de Deloitte y de la resolución (y eso debido a las quejas ante su panel de apelaciones) por la negativa del Banco Santander a permitir que se divulgue información que puede afectar a sus intereses comerciales.

De hecho, ni siquiera ha presentado todavía el informe definitivo de Deloitte sobre el coste de la resolución, pese a que su presidenta, Elke König, dijo el 17 de abril en Madrid que se publicaría de forma inminente.

Tres de los afectados que se llevaron el 'no' del FROB decidieron recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y uno de ellos obtuvo una resolución favorable. Pero el fondo gubernamental no la cumplió, sino que la recurrió ante la Audiencia Nacional, que aplicó el criterio mencionado anteriormente: suspender la tramitación hasta que se pronuncie el tribunal europeo. Con lo cual, sigue sin facilitar a los ciudadanos la información clave de la resolución del Popular.