Economía.-El escudo antiopas solo tumbó una operación hasta 2023 y la mayoría se aprobó sin medidas para mitigar riesgos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno tan solo aplicó el denominado escudo 'antiopas' entre marzo de 2020 y finales de 2023 para desautorizar una operación de las 264 que se han sometido al escrutinio de esta normativa, que entró en vigor en plena pandemia del Covid y ante el temor a que la pérdida de valor bursátil de las compañías españolas produjese el desembarco de inversores extranjeros con intereses más allá de los meramente comerciales.

La normativa relativa al control de las inversiones extranjeras establece que el Gobierno debe autorizar las operaciones en compañías nacionales estratégicas cotizadas en las que una empresa extranjera pretenda superar el 10% del capital o el 5% en caso de estar relacionada con la defensa nacional, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

En este contexto, y según los datos publicados por la Secretaría General de Inversiones Exteriores --dependiente del Ministerio de Economía--, entre el 17 de marzo de 2020 (cuando entró en vigor la medida) y finales de 2023 el Ejecutivo ha evaluado 264 solicitudes de operaciones sujetas al régimen de autorización previa de inversiones extranjeras y tan solo una de ellas fue rechazada (en 2022), mientras que otra operación decayó antes de la resolución del Gobierno (en 2020).

En concreto, en 2020 el Gobierno evaluó un total de 29 solicitudes de operaciones que debían pasar el filtro de la normativa de inversiones extranjeras, en 2021 la cifra se elevó a 55, en 2022 fueron 83 y en 2023 se alcanzaron las 97 transacciones.

En este contexto, cabe destacar que una de las opciones que contempla la normativa es la autorización de las operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de los riesgos, un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de 'remedies' (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones, como por ejemplo el caso reciente de la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació Masorange.

"No existe un catálogo normalizado de medidas de mitigación, ya que es complejo sistematizar un conjunto de remedios que sirva para hacer frente a riesgos de naturaleza muy diversa. En la práctica, el diseño de estas medidas depende de las características concretas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas", destaca la Secretaría General de Inversiones Extranjeras en el informe con los datos de 2023.

Sin embargo, sí existen algunos "rasgos comunes" en estas medidas, como garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales, las limitaciones de acceso al inversor extranjero a información sensible o la imposición de condiciones destinadas a evitar la pérdida de soberanía en ciertos ámbitos, especialmente en el tecnológico.

De este modo, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se han aprobado sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos.

En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocasiones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%).

CAE EL INTERÉS DE CHINA

Los informes también recogen el país de origen del inversor último en las operaciones sometidas al escrutinio del escudo 'antiopas' y, si bien Estados Unidos ha sido el principal interesado en todos los años desde que está vigente la normativa, se observa una caída del apetito de los inversores procedentes de China.

Así, en 2020 el 37% de las operaciones analizadas por el Gobierno en el marco de esta normativa procedían de inversores estadounidenses, mientras que el 22% venía de China, el 11% de Emiratos Árabes Unidos y el 30% de otros lugares.

Mientras Estados Unidos ha mantenido un interés regular a lo largo del periodo (49% en 2021; 45% en 2022 y 43% en 2023), el de China ha ido cayendo a lo largo de los años (9% en 2021; 7% en 2022 y 5% en 2023).

Asimismo, Reino Unido ha ido adquiriendo protagonismo desde 2021, cuando representó el 14% de las operaciones analizadas, un porcentaje que en 2022 se situó en el 13% y en 2023 en el 15%.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos también ha mantenido de una forma más o menos regular su peso en este tipo de operaciones desde 2021, cuando representó el 11%, mientras que en 2022 la redujo al 7% y en 2023 la volvió a elevar hasta el 11%.

OPERACIONES ACTUALES

En cuanto a las operaciones actuales que deberán someterse al escrutinio del escudo 'antiopas' destacan el desembarco del operador saudí STC en el capital social de Telefónica y la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.

Sobre la primera operación, la teleco saudí adquirió el pasado septiembre y de forma sorpresiva un 9,9% de Telefónica --un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros-- en una transacción valorada en 2.100 millones de euros.

Debido a la normativa sobre inversiones extranjeras y al vínculo de Telefónica con la seguridad nacional, para que STC pueda superar el 5% en el capital de la teleco española debe remitir al Ejecutivo una carta en la que explique sus intenciones en la compañía, como por ejemplo si quiere un asiento en el consejo de administración o no.

A pesar de que este movimiento de STC ha provocado que el Estado haya adquirido a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un 10% de Telefónica por casi 2.285 y que la entidad ya cuente con un consejero en la teleco (Carlos Ocaña Orbis), todavía se desconoce si la operadora saudí ha pedido permiso al Gobierno para superar el 5% en la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

En cuanto a la OPA de 619 millones de euros lanzada sobre Talgo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado esta misma semana que existen distintas "posibilidades" y "opciones" y ha añadido que el Gobierno está analizando la operación desde una óptica "legal".

"El Gobierno está analizando la operación tanto desde la óptica legal como desde la óptica de las posibles alternativas", destacó Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes.