Economía.- Galicia En Común pide para la gran industria contratos eléctricos de 5 años y con un 40% de energía renovable

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Galicia En Común, integrada en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha propuesto en el Congreso establecer una tarifa regulada de energía para uso exclusivo de las industrias o actividades calificadas como electrointensivas, con una duración quinquenal y con al menos un 40% de energía de origen renovable.

A través de una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja por su portavoz, Yolanda Díaz, la formación gallega encuadrada en el grupo confederal de Unidos Podemos ha apostado por que esta tarifa tenga forma de contratos bilaterales, y que cada año se revise el porcentaje de energía renovable que debe utilizar.

Según esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, estos contratos deben liquidarse por diferencias en relación a un precio de referencia fijado de acuerdo con productos de características de los mercados europeos, eximiéndoles de la obligación de ofertar por la energía comprometida a un precio "que refleje el coste de oportunidad", según manda la actual regulación.

INTERRUMPIBILIDAD MÁS BARATA Y GARANTIZADA A TRES AÑOS

Por otro lado, propone abaratar las subastas de interrumpibilidad, reduciendo el volumen de potencia subastable y el valor máximo de la retribución, y exige que esta subasta "responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico" y que "sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda, además de cubrir situaciones de emergencia".

Estas subastas de interrumpibilidad sirven para compensar económicamente los parones de consumo eléctrico a los grandes consumidores de electricidad --las llamadas industrias electrointensivas-- para reducir la demanda de energía en situaciones de tensión en el sistema eléctrico.

Asimismo, pide flexibilizar las condiciones de ejecución, que esta adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, la inclusión de mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda, que la retribución máxima y los volúmenes de potencia se garanticen por un período de 3 años u que todos los procesos relacionados con la subasta sean telemáticos.