Economía.- España sumaría 5 millones de viviendas públicas si no se hubieran privatizado y el gasto fuera eficiente

CCOO critica el mal uso de 200.000 millones de euros de dinero público destinado a vivienda

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

España podría tener un parque público de vivienda de 4,7 millones de unidades si la regulación de la vivienda protegida no hubiera permitido la privatización de 2,7 millones de viviendas a precio asequible desde 1980 y se hubiera hecho un gasto eficiente en política de vivienda.

Según un informe de CCOO Estudios, en España se ha gastado de forma "poco eficaz y eficiente" más de 200.000 millones de euros destinados a políticas de vivienda en los últimos 40 años, que hubieran permitido edificar dos millones de viviendas públicas para sumarlas al parque de vivienda asequible.

"Las políticas aplicadas han sido fallidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible y sin embargo exitosas para sostener y financiar una lucrativa actividad inmobiliaria y constructora", critican desde CCOO.

A esto se suma el deterioro del número de nuevas construcciones de vivienda protegida, que ha hecho que los inmuebles protegidos disponibles en el mercado sean algo "anecdótico" y que la mayor parte de vivienda disponible sea a precio libre.

Así, según CCOO, entre 2013 y 2023 se han perdido 368.000 viviendas protegidas, cifra en la que las enajenaciones de viviendas protegidas supera a la cifra de nuevas viviendas protegidas construidas y que se suman "a la especulación inmobiliaria".

No obstante, desde el sindicato indican que la mayor construcción de vivienda a precio libre no ha hecho que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda haya disminuido.

Así, en 2007, inmediatamente antes del estallido de la burbuja y en plena fiebre constructora, el esfuerzo hipotecario para las familias era del 47% y se tenían que dedicar íntegramente 10 salarios anuales medios a la compra de la vivienda, mientras que actualmente este esfuerzo es del 34%, una cifra que se mantiene por encima del 30%, el máximo recomendado.

SE HAN DEJADO DE INGRESAR 162.000 MILLONES POR DEDUCCIONES EN EL IRPF

Por otro lado, en el informe de CCOO también se indica que el Gobierno de España ha gastado 162.000 millones de euros -- deflactados a euros de 2023 -- entre 1982 y 2022 solo por deducciones fiscales en el IRPF por inversión en vivienda, con las que se podrían haber edificado 1.599.000 viviendas públicas de alquiler.

De igual manera ha pasado con los 7.311 millones de euros en desgravaciones fiscales a los inquilinos para sufragar sus gastos de arrendamiento de su vivienda habitual, de los que se han beneficiado mayormente los caseros, con los que se podría haber podido edificar 72.000 viviendas de alquiler público de vivienda, según CCOO.

LAS VIVIENDAS VACÍAS Y TURÍSTICAS INCREMENTARÍAN EL PARQUE UN 66%

Por otro lado, desde el Gabinete de Estudios de CCOO consideran que si se moviliza vivienda vacía y turística hacia el alquiler podrían incrementar el parque de alquiler en un 66% en las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Esto serviría para ganar "tiempo" mientras se avanza hacia una solución estructural, según el sindicato, que asume que revertir la situación de la vivienda en España y crear un parque permanente de vivienda asequible "requerirá tiempo y recursos, tanto públicos como privados".

CCOO SE SUMARÁ A LAS MOVILIZACIONES DE VIVIENDA EN OCTUBRE

Ante el difícil acceso a la vivienda, desde CCOO han indicado en un comunicado que se sumarán las movilizaciones que tendrán lugar los días 13 y 19 de octubre en diferentes partes del país en defensa del derecho a la vivienda.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en una quimera para amplias capas de la sociedad, que observan con preocupación cómo se ha convertido en un factor determinante para el aumento de la pobreza", aseguran.

Por ello, han reiterado su compromiso con las movilizaciones que tendrán lugar durante este mes de octubre para reivindicar el derecho a una vivienda digna y se sumarán a estas protestas. "La vivienda es un derecho, no un negocio", concluyen.